El Gobierno colombiano explicó hoy que una polémica reforma a la Justicia y que devolverá el presidente Juan Manuel Santos al Congreso por los cambios que introdujeron algunos parlamentarios para su beneficio jurídico, no está en vigencia.

El ministro del Interior, Federico Rengifo, advirtió en declaraciones a periodistas, que esta reforma no pude aplicarse porque "no ha sido promulgada".

Así, unos 1.500 procesos que estudia la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra congresistas, exparlamentarios, altos cargos y exfuncionarios, deben seguir igual, indicó Rengifo.

El ministro insistió, como lo indicó el presidente Santos anoche, que el Congreso introdujo cambios a la reforma con nuevos artículos.

"Se impusieron artículos que no estaban en las conciliaciones de Cámara y Senado, como es el caso de los aforados", destacó el ministro Rengifo.

La polémica estalló en Colombia el jueves tras la aprobación a la reforma presentada al Legislativo a iniciativa del Gobierno, que buscaba, entre otros fines, descongestionar el sistema y a la que los legisladores introdujeron cambios que les favorecen.

La reforma acordada el miércoles por el Senado y la Cámara de Representantes se aprobó, en palabras del presidente del Consejo de Estado, el magistrado Gustavo Gómez, de una manera "vulgar" y "vergonzosa" porque incluyó cambios que en Colombia son llamados "micos".

De hecho, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, anunció el jueves que el Gobierno demandará algunos artículos de dicha modificación, incluidos en el último momento.

La reforma a la Justicia pretende la descongestión de los despachos, aumenta de 65 a 70 años la edad de retiro forzoso de los magistrados de las altas cortes y de 10 a 20 años el requisito de experiencia para llegar a esos altos tribunales.

También eliminó el Consejo Superior de la Judicatura y dispuso quiénes elegirán al Procurador y al Contralor (titular del tribunal) General de Cuentas.

Frente al juzgamiento de congresistas, ministros, directores de departamentos administrativos, entre otros aforados constitucionales, se establecieron modificaciones, que en el caso de los mismos legisladores, fueron introducidos por ellos mismos para su beneficio.

"Los artículos que aparecieron en los textos de conciliación no podían votarse porque no existían en ninguno de los textos. Aparecieron nuevos aforados y un nuevo sistema de investigación que no hizo parte del texto original de la iniciativa", indicó Rengifo.

Según el titular de la cartera de Interior, el presidente Santos objetará la iniciativa utilizando una norma que permite adelantar este procedimiento cuando se considera que alguna norma es inconstitucional.

Al analizar lo aprobado, añadió, se descubrió que saldrían inmediatamente en libertad unas 1.500 personas aforadas que están investigadas y "eso no lo quiere el Gobierno", dijo.

La objeción de Santos implica devolver el texto a las cámaras legislativas y este a su vez en plenaria aceptaría las objeciones o las negaría.

Santos señaló el jueves que el objetivo de esta Reforma es estimular la transparencia "y no para dar gabelas y beneficios a quienes hoy están investigados", ni para generar un caos en materia judicial.

En ese sentido, expresó inconsistencias dentro del proyecto e indicó que "es la primera vez" que un Jefe de Estado acude a este mecanismo "para hacer respetar el ordenamiento jurídico como lo obliga la propia Constitución".

Según algunos críticos, la reforma beneficiará además a acusados por hechos escandalosos de corrupción, de escuchas y seguimientos ilegales y por falsas desmovilizaciones de grupos armados que ya están sometidos a la Justicia.

Exfiscales, exprocuradores y académicos se sumaron a la polémica derivada de las modificaciones "o micos" colgados a la reforma.