Lance Armstrong presentó una respuesta mordaz a las acusaciones de dopaje más recientes en su contra, acusando a la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA por sus iniciales en inglés) de violar sus propios lineamientos y posiblemente de haber violado la ley federal durante su investigación.

El viernes fue la fecha límite para el siete veces campeón de la Vuelta a Francia para responder a la advertencia del 12 de junio de la USADA sobre cargos pendientes antes de que su caso pase a la siguiente etapa.

La agencia dijo que Armstrong utilizó fármacos para incrementar el rendimiento físico y otros métodos improcedentes para ganar la competencia de ciclismo más famosa del mundo de 1999 a 2005. Armstrong niega haberse dopado y ha señalado que nunca resultó positivo en los exámenes. Si es declarado culpable podrían arrebatársele sus títulos.

Los abogados de Armstrong calificaron las afirmaciones de la USADA como "acusaciones muy añejas refutadas desde hace mucho tiempo y carentes de evidencia" y "ofensivas a cualquier noción de debido proceso". Ellos creen que la USADA coaccionó testimonio falso de algunos de los ex compañeros de equipo de su cliente.

En su documento de 11 páginas, los abogados de Armstrong se quejan de que aún no se les ha permitido ver la evidencia contra él, incluidos los nombres de los testigos ni el análisis de ningún experto que apoye la aseveración de la USADA de exámenes de sangre de 2009 y 2010 son "totalmente consistentes" con dopaje con sangre oxigenada.

El caso de Armstrong pasa ahora a una junta revisora de tres miembros de la USADA, la cual decidirá si existe suficiente evidencia para sustentar los cargos. Si la USADA presenta cargos formales, el caso podría pasar en noviembre a un panel de arbitraje de tres personas.

La carta de Armstrong pide a la junta revisora rechazar el caso.

"La Junta Revisora debe recomendar que este caso no prosiga", señaló la carta.

Los abogados de Armstrong hicieron reclamos similares en cartas previas, pero del documento del viernes parece desprenderse que su potencial estrategia jurídica sería presentar una demanda federal contra la USADA.