El presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, acusó hoy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) de extralimitarse en sus funciones porque, a su juicio, actúa como una "corte penal" en una demanda por genocidio contra Guatemala.

"Nosotros lo que estamos pidiendo, como Guatemala, es que la CorteIDH, cumpla como una institución de derechos humanos y no se convierta en una corte penal", dijo Pérez Molina en una rueda de prensa en el Parque Arqueológico Takalik Abaj, a 200 kilómetros al sur de la capital, en el departamento de Retalhuleu.

Pérez Molina se refería a la demanda por genocidio que desde el miércoles conoce ese organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Costa Rica, por una serie de masacres cometidas por miembros del Ejercito entre 1980 y 1982 en la población indígena de Río Negro.

La demanda señala que en esas masacres fueron asesinados al menos 500 indígenas, y que constituyeron un genocidio ejecutado dentro de una política de "tierra arrasada" dirigida por el Estado contra el pueblo maya, el cual era calificado para la época como "enemigo interno".

Pérez Molina anunció este jueves que solicitará al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que "por favor haga su papel de exigirle a la CorteIDH que no se extralimite en las funciones que le corresponde".

"Nosotros somos signatarios de la OEA y queremos que las instituciones de la OEA cumplan con lo que tienen que hacer", reclamó este jueves el mandatario de Guatemala.

El secretario de la Paz de Guatemala, Antonio Arenales, quien representó al Estado en la audiencia inicial del proceso en la CorteIDH, pidió el miércoles a los jueces declararse incompetentes para resolver el caso, y rechazó que estos hechos sean tipificados como genocidio.

Arenales consideró "inaceptable" que en el caso contra Guatemala la CorteIDH llegue a tipificar delitos como genocidio, desaparición forzada o ejecución extrajudicial, pues según dijo, éstos son competencia de una corte penal y no de una de derechos humanos.

"Queremos que ellos respeten el papel que tiene de una corte de derechos humanos y no una corte penal", insistió Pérez Molina, un general en retiro de 61 años que asumió el Gobierno el pasado enero, para un período de cuatro años.