Una enorme polémica generó hoy en Colombia una reforma constitucional a la Justicia aprobada por el Congreso a iniciativa del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que buscaba, entre otros fines, descongestionar el sistema y a la que los legisladores introdujeron cambios que les favorecen.

La reforma acordada el miércoles por el Senado y la Cámara de Representantes se aprobó, en palabras del presidente del Consejo de Estado, el magistrado Gustavo Gómez, de una manera "vulgar" y "vergonzosa" porque incluyó cambios que en Colombia son llamados "micos".

De hecho, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, anunció que el Gobierno demandará algunos artículos de dicha modificación, incluidos en el último momento.

La reforma a la Justicia pretende la descongestión de los despachos, aumenta de 65 a 70 años la edad de retiro forzoso de los magistrados de las altas cortes y de 10 a 20 años el requisito de experiencia para llegar a esos altos tribunales.

También eliminó el Consejo Superior de la Judicatura y dispuso quiénes elegirán al Procurador y al Contralor (titular del tribunal) General de Cuentas.

Frente al juzgamiento de congresistas, ministros, directores de departamentos administrativos, entre otros aforados constitucionales, se establecieron modificaciones, que en el caso de los legisladores fueron introducidos por ellos mismos para su beneficio.

En declaraciones a emisoras, Esguerra expresó el malestar del Ejecutivo con el hecho de que vayan a resultar favorecidos congresistas o exlegisladores investigados por "parapolítica" o presuntos nexos con organizaciones paramilitares.

Según algunos críticos, la reforma beneficiará además a acusados por hechos escandalosos de corrupción, de escuchas y seguimientos ilegales y por falsas desmovilizaciones de grupos armados que ya están sometidos a la Justicia.

El ministro Esguerra recalcó su rechazo a la inmunidad con la que resultan beneficiados también los secretarios del Senado y de la Cámara, al tiempo que señaló aspectos positivos, como que "todos los municipios del país van a tener por lo menos un juzgado y todos los departamentos un tribunal".

Así, puntualizó, la reforma contribuirá a "descongestionar" millones de procesos judiciales.

El magistrado Gómez, titular de la máxima autoridad jurídico-administrativa del país, dijo que se genera "una gran preocupación" tanto para la Rama Judicial "como a la sociedad en su conjunto", porque para crear el estatuto del congresista se tocó "fuertemente la estructura de la administración de justicia".

Exfiscales, exprocuradores y académicos se sumaron a la polémica derivada de las modificaciones "o micos" colgados a la reforma.

El exprocurador y exfiscal general Alfonso Gómez Méndez opinó que el texto final "no tiene nada que ver con la intención inicial" de modificar el funcionamiento de la justicia y "se terminó haciendo un estatuto del congresista".

También la exfiscal general Viviane Morales indicó que la norma representa ahora la "impunidad total" para ministros y congresistas, y también para la mayoría de detenidos por los grandes escándalos que han sacudido a Colombia en los últimos años, quienes recuperarán su libertad.

Para la Misión de Observación Electoral (MOE), una organización de control electoral y político, con el proyecto aprobado "es fácil deducir que éste podría ser el fin del juzgamiento de la parapolítica".

Asimismo, consideró en un comunicado que se trata de "la reforma más grave de 37 en los 21 años que lleva la Constitución Política" colombiana.

Por su contenido, resumió la MOE, "más que una reforma a la justicia es una contra-reforma política a los logros alcanzados en los últimos años en la lucha contra la corrupción y la relación entre política y grupos armados ilegales".

Es, en síntesis, "un camino a la impunidad del Congreso", concluyó.