El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó hoy un préstamo de 60 millones de dólares para la prevención de la violencia y el combate a la inseguridad ciudadana en Honduras.

La financiación se concentrará en la prevención, investigación y resolución de delitos a través del fortalecimiento institucional y operativo de la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional (PN) de Honduras y las autoridades locales.

En 2011, Honduras registró una tasa de 86,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media de 20 de Latinoamérica y del 8,8 del mundo, según ha informado el estatal Comisionado de los Derechos Humanos.

Sin embargo, el país cuenta apenas con 174 policías por 100.000 habitantes, por debajo de la media centroamericana, indicó el BID en nota de prensa.

Por ello, el programa busca profesionalizar a 3.000 nuevos policías, que ingresarán bajo un sistema mejorado de reclutamiento y criterios de selección más rigurosos y se formarán a partir de la modernización curricular del sistema educativo policial.

Asimismo, los recursos del organismo multilateral ayudarán a emprender mejoras en la infraestructura y equipamiento de las instalaciones del Instituto Técnico Policial (ITP).

Entre ellos, se prevé la construcción de un centro de análisis del delito, un laboratorio de investigación criminal y la puesta en práctica de programas de formación en técnicas criminalísticas y forenses.

En promedio, sólo cuatro de cada 100 delitos denunciados en los últimos cuatro años fueron enjuiciados en Honduras, y del total de delitos denunciados y remitidos en 2010 a la Policía Nacional, sólo el 22 por ciento contó con reporte de investigación completo.

Se trabajará en al menos tres de los 10 municipios priorizados por el Gobierno en el marco de su programa "Municipios Más Seguros", donde se establecerán observatorios locales de la violencia y centros integrados de atención social y judicial; y se construirá y dotará de postas para la policía comunitaria.

El programa cuenta, además, con mecanismos de cooperación con los gobiernos de México y Colombia para apoyar el fortalecimiento de capacidades de la policía y generar confianza en las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana fomentando la transparencia.

El pasado 25 de mayo, el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, sancionó la Ley Especial de Depuración Policial, que, entre otros puntos, da potestad al director de esa institución para practicar "pruebas de confianza" a los agentes de seguridad, muchos de ellos acusados de estar involucrados en actos criminales.