El Gobierno de Perú destinará 2.000 millones de soles (746 millones de dólares) para la ejecución de proyectos de inversión que permitan afrontar los efectos de la crisis internacional en el país, informó el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla.

"Se ha aprobado un decreto de urgencia para dinamizar el gasto público de cara al deterioro internacional. La situación externa sigue siendo incierta y queremos de manera preventiva un nuevo impulso fiscal", explicó el ministro.

Según la información, publicada hoy por el diario El Comercio, este será el cuarto paquete de estímulo económico que lanza el Gobierno, que en septiembre pasado inyectó 890 millones de soles (332 millones de dólares) y en octubre 1.600 millones de soles (597 millones de dólares).

En noviembre pasado, se permitió que los saldos no ejecutados por los gobiernos regionales y locales se trasladen al presupuesto de 2012, con la intención de que el estímulo fiscal llegue al 2 % del producto interno bruto (PIB).

Entre las medidas del nuevo paquete se ha comprendido la ampliación de la vigencia de los plazos, para que los proyectos de inversión pública pasen por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), el régimen acelerado de contrataciones, las compras estatales a las pequeñas empresas y la ampliación de programas sociales estatales.

"Con esto estamos complementando los decretos que hemos sacado en el pasado y proyectamos la ejecución del cien por ciento del plan anticrisis anterior y el gasto de este crédito suplementario en lo que resta del presente año", dijo Castilla.

El paquete de estímulo fiscal fue acompañado por tres decretos legislativos publicados hoy y que buscan apoyar al sector exportador, que está siendo afectado por la crisis en Europa.

"Esto se hace con la finalidad de favorecer la exportación de mercancías de pequeñas y medianas empresas y evitar la exportación de impuestos", explicó el ministro.

Los decretos modifican la Ley General de Aduanas para favorecer las exportaciones, el sistema de pago de algunas obligaciones tributarias, y la ley de comprobantes de pago, para facilitar su uso, sobre todo en las transacciones comerciales electrónicas.