Dos años después de que los electores en Fremont aprobaran una controvertida ordenanza de inmigración, la normativa continúa estancada en un tribunal y los habitantes están divididos en cuanto a si ésta corrige un problema grave o empaña innecesariamente la imagen de la ciudad.

Los electores de esta ciudad de 26.000 habitantes, en el este de Nebraska, aprobaron con facilidad la medida, que prohíbe la contratación de inmigrantes que carezcan de permiso para estar en el país o rentarles inmuebles, y obliga a las empresas a verificar la situación migratoria de sus posibles empleados mediante el programa federal en internet E-Verify.

Sin embargo, las impugnaciones judiciales han limitado la aplicación de la normativa y los detractores no han flexibilizado su rechazo a la misma.

El guatemalteco Luis Canahui, que ha vivido más de una década en Fremont, dijo que estaba sorprendido de que esta ley "racista y discriminatoria" no hubiera propiciado la emigración de un número mayor de familias hispanas en la ciudad.

Canahui, fundador del grupo Un Fremont Con Dignidad, expresó temor de que muchos hispanos abandonen la ciudad si un tribunal ratifica los requisitos que deben reunir para que se les rente un inmueble.

"La aprobación en urnas de la ordenanza hace dos años muestra que éramos una ciudad dividida, y este aspecto continúa siendo cierto", señaló Canahui.

"Las secuelas demográficas — familias que se van debido a la normativa — no han sido tan generalizadas como creímos que serían", apuntó.

Los partidarios de la ordenanza recabaron firmas para solicitar que la medida fuera incluida, como ocurrió, en las papeletas del proceso electoral del 21 de junio de 2010.

Los simpatizantes apoyaron la medida con el argumento de que temían que los empleos locales fueran ocupados por inmigrantes sin permiso para estar en el país y la necesidad de una acción local ante lo que describían como la laxitud en la aplicación de las políticas federales de inmigración.

La aprobación de la ordenanza ocurrió tras años de veloz crecimiento de la población hispana en Fremont, de 165 personas en 1990 a 3.149 en 2010, coincidente con la disponibilidad de empleos en dos plantas empacadoras de carne cercanas.

Se desconoce cuántas personas de ese número son inmigrantes sin permiso de residencia.

La ordenanza fue impugada en una corte federal por diversos detractores: la fundación ACLU de Nebraska, hispanos nacidos en Estados Unidos que viven en casas de alquiler y un dueño de varias viviendas de Fremont.

En febrero, el juez aprobó el punto que obliga a las empresas a verificar, mediante E-verify, la condición migratoria de quienes les soliciten trabajo, pero rechazó que la ciudad deniegue permisos de vivienda a inmigrantes ilegales con el argumento de que sería una práctica discriminatoria e interferiría con la ley federal.

La ACLU (siglas en inglés de la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles) y la ciudad, cada cual, han apelado la decisión. La ciudad pretende la ratificación de la ordenanza completa y el grupo defensor de los derechos civiles, la anulación del resto de la ley.

"Persiste un trasfondo de desazón (por la medida) en la comunidad", señaló Steven Dahl, de Fremont, quien es dueño de viviendas y de una panadería. Dahl es uno de los demandantes contra la ordenanza. "El asunto ya cansó bastante a todos. Estamos a la espera de lo que suceda en tribunales".

Las autoridades locales calculan que costará a la ciudad 450.000 dólares el primer año de vigencia de las nuevas disposiciones, debido a que tendrá que desarrollar nuevos formularios. La ciudad también agregó una secretaria para verificar los expedientes de las empresas y verificar que han acatado las disposiciones.

La ciudad ha gastado 94.000 dólares en la defensa de la normativa en el tribunal en tanto que los abogados de los oponentes a la medida solicitaron al juez que ordene a la ciudad el pago de costas por más de un millón de dólares.

Ron Tillery, presidente de la Cámara de Comercio del Area de Fremont, dijo que muchas de las aproximadamente 3.000 empresas de la ciudad han utilizado E-Verify, pero la ordenanza ha sido un dolor de cabeza para los dueños de algunas empresas que no están familiarizados con el programa, que es gratuito en internet. Eso les tomaría entre tres o cuatro horas, señaló Tillery.

"En general, las empresas han incorporado el E-Verify a su rutina diaria", dijo Tillery. "Pero el asunto persiste como tema de conversación. Es un aspecto del que conversan o del que preguntan las personas de la ciudad. En algunos casos, hay opiniones muy severas", apuntó.

Tillery expresó su descontento de que el debate migratorio haya distraído la atención de las iniciativas de Fremont para atraer nuevas empresas, entre éstas una fabricante de alimento exclusivo orgánico para mascotas y un parque de información de alta tecnología que la ciudad promueve entre empresas de tecnología.

Los habitantes señalan que al parecer la ordenanza no ha obligado a los inmigrantes a marcharse del área.

No están disponibles los cambios en la población de Fremont desde que los electores aprobaron la ordenanza, pero la población hispana del condado de Dodge se ha incrementado poco más de 2% anualmente desde 2010, según el Centro de Investigación de Asuntos Públicos de la Universidad de Nebraska.

El porcentaje es menor al del año anterior y quizá refleja una desaceleración de la inmigración hispana a nivel nacional debido a la lentitud del crecimiento de la economía, dijo David Drozd, coordinador de investigación del centro.

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Grant Schulte está en Twitter como: https://twitter.com/grantschulte