Tres guardias de seguridad sin armas, varias cámaras de vídeo dentro y fuera del edificio, rejas en las ventanas y corredores, y la luz intermitente de alarma testimonian la frágil sensación de paz y seguridad que se vive al interior de una droguería del centro de la capital uruguaya.

Para el pacífico Uruguay, cualquier criminalidad impacta al punto que el presidente José Mujica acaba de anunciar la presentación de un proyecto de ley que autoriza al estado a vender marihuana a adictos registrados y así bajar la alta incidencia delincuencial de los jóvenes que consumen la "pasta base", sustancia similar al "crack" elaborada con residuos de cocaína.

La legislación también busca disminuir el poder de los traficantes de droga.

La tasa de homicidios en el país aumentó el 75% en los primeros cinco meses del año: a estas alturas, los homicidios alcanzaron 133 personas mientras que el año pasado eran sólo 76, según las cifras del Observatorio de Criminalidad y Violencia del Ministerio del Interior.

Los menores de 18 años son autores del 15% a 20% de los homicidios cometidos en el país pero el número es bastante más elevado cuando se consideran delitos como los atracos a mano armada (45, según cifras oficiales.

Si se aprueba el proyecto, Uruguay se convertiría en el primer país cuyo gobierno vendería marihuana directamente a adictos registrados. "Estarían retando a todo el sistema internacional de control de drogas", dijo a The Associated Press Coletta Youngers, una investigadora principal de la organización Washington Office on Latin America.

"Este proyecto debe ir de la mano de políticas para que los jóvenes no consuman (drogas)" dijo la senadora oficialista Mónica Xavier a un canal local. "Pero si consumen, que sea lo que menos dañe".

Brasil, Ecuador, México, Perú, Bolivia, Colombia, Uruguay, y Costa Rica han despenalizado el consumo de las dosis personal de marihuana.

"Se trata de un verdadero drama humano donde la gente termina pagando por leyes draconianas destinadas a poner a los principales traficantes de droga tras las rejas, pero debido a la manera en que se ha implementado en América Latina, terminan poniendo a muchos consumidores de marihuana tras las rejas", dijo Youngers.

La propuesta de vender marihuana a jóvenes adictos registrados ocurre en momentos que la popularidad de Mujica ha caído 20 puntos en las encuestas y se suma a una propuesta legislativa igual de controvertida de la oposición que pide convocar a un plebiscito para procesar y castigar a los menores de 16 a 18 años como adultos.

"La percepción de inseguridad y el temor han ido aumentado, al igual que el reclamo hacia el gobierno para que tome medidas," dijo Mariana Pomies de Cifra, consultora de opinión pública.

Según el plebiscito, los menores serían juzgados como adultos si cometen homicidios, violaciones y robos con violencia y busca mantener registrados los antecedentes penales de los menores. El opositor Partido Colorado dice que recolectó más de 360.000 firmas que presentó a la Corte Electoral.

"No hay países (latinoamericanos) que hayan puesto en su legislación el hecho de que menores de 18 puedan ser condenados a través del sistema penal de adultos", dijo Egidio Crotti, representante de Unicef en Uruguay.

El experto cree que los menores deben ser imputables de delitos pero bajo un régimen establecido por el Código de la Niñez y la Adolescencia, con medidas diferenciadas a las aplicadas a los adultos.

"Todos los países de América Latina tienen sistemas penales juveniles. Obviamente no todos funcionan bien, ni tampoco los de Uruguay", agregó.

El diputado oficialista Julio Bango dice que el plebiscito no resolverá los problemas. "En 1996 votamos la ley de seguridad ciudadana que aumentó las penas de los adultos y lo que sucedió es que aumentó el delito de los adultos y se mantuvo estable la cantidad de menores de 18 años que delinquieron".

El destino del referendo en el Congreso es incierto porque el Frente Amplio, una coalición oficialista de izquierda, tiene la mayoría.

Para el director del Observatorio oficial Javier Donnagelo, la raíz del problema radica en el fácil acceso a las armas en Uruguay y no en el consumo de drogas. Se calcula que hay un arma de fuego por cada tres habitantes aproximadamente.

"Esto es producto de una espiral de violencia de una especie de carrera armamentista que se está generando entre los atracadores y sus víctimas, particularmente los propietarios de comercios", dijo el funcionario.

El gobierno envió en abril al Congreso un proyecto que convierte en delito el porte ilegal de armas y contempla severas penas de prisión.

La ley uruguaya dice que para adquirir armas se debe haber cumplido 18 años y presentar a la policía prueba de antecedentes de buena conducta, entre otros documentos. Nunca ha sido penalizado el consumo de marihuana y la ley le otorgó a la discrecionalidad a los jueces de determinar cuando la posesión de la yerba es para consumo o distribución.

El psicólogo Juan Carlos Redín, que trabaja en la rehabilitación de adictos cree que la propuesta de Mujica es positiva. "Hay pocos estudios, pero algunos concluyen que gran parte de los consumidores de 'pasta base' comenzaron porque fueron a las bocas de venta de drogas a buscar marihuana o cocaína y salieron con 'pasta base''', dijo.

El jefe de Psiquiatría del Hospital Británico de Montevideo, Guillermo Castro, dijo que es una falacia que la marihuana sea una puerta de entrada a drogas peores.

En el concierto latinoamericano, Montevideo siempre se ha destacado por su paz y seguridad. El Instituto para la Economía y la Paz, organización sin ánimo de lucro con sede en Londres, sitúa al país en el puesto 33 de su índice de Paz Global; el segundo país de Latinoamérica mejor ubicado después de Chile.

¿Qué explica esta nueva percepción de ribetes paranoicos? Según Donnagelo obedece en parte a la "exageración", producto de la excesiva cobertura mediática de crímenes.

En mayo, un asalto a un restaurante terminó en el asesinato de un empleado. El crimen fue filmado por la cámara de seguridad del lugar y fue "reproducida por los canales de televisión abierta unas 150 veces", dice Donnagelo.

"Obviamente este tipo de cobertura del fenómeno no contribuye a generar una apreciación ecuánime de la situación, sino que tiende a provocar todo tipo de temores y todo tipo de miedos a nivel de la población", agregó.

Pero el sociólogo Rafael Paternain dice que el problema de la inseguridad "como fenómeno de opinión pública está instalado en el país hace mucho tiempo".

"Es un proceso que no debe tener menos de 25 años. Está asociado a muchas características: una población envejecida, un proceso de deterioro y de crisis de larga duración, los efectos más psicosociales de la dictadura y los daños que generó la crisis socioeconómica de fines de los 90 y principios de 2000", agregó.

En noviembre de 2001 un terrible caso marcó a la sociedad uruguaya cuando un hombre disparó y mató a su hija al confundirla con un ladrón. Los medios dijeron que la tragedia ocurrió a menos de un mes de que la familia sufriera un asalto a su residencia.

"Se genera esa sensación de psicosis, eso de querer efectuar defensa por mano propia, nosotros lo desaconsejamos abiertamente", dijo a la AP un vocero de la Policía de Montevideo.

El ambiente en la capital contrasta con esa sensación que dicen sentir sus habitantes: Montevideo cuenta con amplias aceras bordeadas de palmeras y eucaliptos. Durante el día, mucha gente camina por el centro de la ciudad y se ven muy pocos policías. Las casas de sus barrios residenciales no tienen murallas que las protejan aunque hay rejas en ventanas y puertas.

En Guatemala, país que padeció durante 36 años una guerra civil y que ahora está a merced de mafias del narcotráfico, la extorsión y sicariato son prácticas comunes. Exhibir un teléfono móvil en público o, incluso, en un vehículo puede ser fatal porque la mayoría de los asaltos son perpetrados por delincuentes motorizados que acechan en los semáforos.

La gente vive dentro de sus casas, que tienen muros de más de 10 metros de altura coronados por alambres eléctricos para chamuscar a los transgresores. El número de guardias de seguridad privada es el doble de la cantidad de policías.

Lo mismo sucede en Tegucigalpa. Cuando cae la tarde se convierte en una ciudad fantasma: no hay personas fuera de los vehículos y los taxistas no se detienen en los semáforos ni respetan las normas de tránsito por temor a ser asaltados.

Los carros tienen los cristales tintados y cada supermercado tiene uno o dos guardias armados en la puerta. Los ciudadanos no contestan el teléfono si el número no está previamente registrado por miedo a que lo extorsionen. Si alguien quiere llamar a un desconocido es habitual enviar un mensaje de presentación antes para que se pueda identificar el origen de la llamada.

"La gente (en Uruguay) está con mucha fobia, pero en realidad no es para tanto", dijo Camila González, de 26 años, mesera en un restaurante del centro turístico. "Yo viví en Brasil y viajo mucho a Buenos Aires, y ni se compara. La gente aquí anda 'mensajeando' con el celular, paseando de noche con las manos llenas de bolsas de compras y no les pasa nada. En el interior incluso la gente todavía deja su ventana abierta y la bicicleta o la moto tirada afuera".

En Honduras, la cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes es de 86, en Guatemala de 41 y en Uruguay de seis.

La gerente de la droguería del centro, Magdalena Etcheverry, es parte del 88% de los comerciantes que han tomado medidas de seguridad para evitar delitos en sus empresas, de acuerdo a una encuesta de la Cámara Nacional de Comercio.

"Adoptamos todas las medidas de seguridad, ya nos robaron más de una vez", dijo Etcheverry.

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A este reportaje contribuyeron los corresponsales de AP en Guatemala Romina Ruiz-Goiriena y en Honduras Alberto Arce.