El secretario (ministro) de Justicia de EE.UU., Eric Holder, calificó hoy de "falsas" e "insustanciales" las acusaciones de un comité del Congreso que aprobó una resolución de censura en su contra por su negativa a entregar más documentos sobre la polémica operación "Rápido y Furioso".

"Para decirlo simplemente: cualquier acusación de que el Departamento de Justicia no ha respondido a las peticiones de información es falsa", indicó Holder en un comunicado de respuesta a la resolución del comité.

El secretario de Justicia aseguró que su oficina "ha tomado acciones sin precedentes para responder a las solicitudes realizadas por el comité legislativo sobre las desacertadas tácticas de seguridad que permitieron que se llevasen armas ilegalmente a México".

En el voto de hoy, el comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes aprobó una resolución de censura por desacato contra Holder, por negarse a entregar los documentos adicionales exigidos sobre "Rápido y Furioso", operación que permitió el tráfico ilegal de unas 2.000 armas a México en 2009.

Holder criticó al presidente del comité, el congresista republicano Darrell Issa, por "realizar acusaciones insustanciales al principio, y luego mezclar los hechos para tratar de justificarlas".

Asimismo, el responsable estadounidense señaló que la decisión del comité "es una táctica en un año electoral diseñada con el objetivo de distraer la atención".

La resolución deberá ser votada ahora por el pleno de la Cámara Baja, de mayoría republicana, y de aprobarse abriría una larga y tortuosa batalla legal entre el Congreso y el Ejecutivo.

Antes de la audiencia, la Casa Blanca invocó por vez primera, bajo esta Administración, el privilegio que el Ejecutivo tiene para proteger las deliberaciones internas e impedir la entrega de los documentos que, según los republicanos, ayudarían a esclarecer quién ordenó o estuvo al tanto de la fallida operación secreta.

Muchas de las armas adquiridas dentro de Rápido y Furioso, llevada a cabo por la Oficina para el Control del Alcohol, el Tabaco y las Armas de Fuego (ATF, por su sigla en inglés), dependiente del Departamento de Justicia, fueron a parar a manos del crimen organizado en México.

Dos fueron halladas en la escena del asesinato del agente estadounidense de la Patrulla Fronteriza, Brian Terry, en diciembre de 2010.