El Estado de Guatemala pidió hoy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declararse incompetente para resolver el caso de una serie de masacres a indígenas mayas del pueblo de Río Negro entre 1980 y 1982, y además rechazó que estos hechos sean tipificados como genocidio.

El agente del Estado y secretario de Paz de Guatemala, Antonio Arenales, declaró hoy ante los jueces de la CorteIDH, con sede en Costa Rica, que en su país nunca hubo genocidio, por lo que este caso no debe tratarse de esa forma.

"Guatemala no evade casos, ni niega las violaciones ocurridas durante el conflicto armado interno (1960-1996), ni las indemnizaciones a las víctimas, pero en Guatemala nadie fue muerto por pertenecer a un grupo étnico, racial o religioso", afirmó Arenales durante los alegatos orales finales del Estado.

El agente aseguró que su país "no cuestiona" a la CorteIDH, pero le pidió que se declare incompetente de resolver este caso, pues los hechos ocurrieron antes de 1987, año en el que Guatemala reconoció la jurisdicción del tribunal.

Además, consideró "inaceptable" que en este caso la CorteIDH llegue a tipificar delitos como genocidio, desaparición forzada o ejecución extrajudicial, pues según Arenales, estos son competencia de una corte penal y no de una de derechos humanos.

"Esperamos que la Corte declare improcedente la tipificación de genocidio, algo que nunca ocurrió en Guatemala y que no corresponde a esta Corte su reconocimiento ni sanción", apuntó.

La demanda señala que entre 1980 y 1982 el Ejército y las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) ejecutaron cinco masacres en Río Negro, Baja Verapaz, en las que asesinaron al menos a 500 indígenas, desaparecieron y desplazaron a cientos más, violaron mujeres, esclavizaron niños y destruyeron el pueblo.

Según los sobrevivientes, hasta la fecha el Estado no ha investigado los hechos, castigado a los culpables, identificado víctimas ni ha hallado a muchos desaparecidos.

La demanda afirma que las masacres constituyen genocidio y se ejecutaron dentro de una política de "tierra arrasada" dirigida por el Estado contra el pueblo maya, el cual era calificado para la época como "enemigo interno".

Arenales explicó que en 1996 en Guatemala se firmó una ley de amnistía para los delitos cometidos durante el conflicto armado y que además está vigente un Programa Nacional de Resarcimiento para las víctimas del conflicto, al que, dijo, muchos de los pobladores de Río Negro no han querido acogerse.

El abogado y representante de las víctimas, Edgar Pérez, dijo a los jueces que "no se puede hablar de amnistía en este tipo de casos" y aseguró que el objetivo de la demanda es que la CorteIDH realice una "interpretación exhaustiva" de los hechos.

Entre las peticiones de las víctimas se encuentran que el Estado pida perdón por las masacres, que investigue los hechos y castigue a los culpables, así como indemnizaciones a las sobrevivientes, la creación de un museo para recuperar la memoria histórica de la comunidad y el retorno de piezas arqueológicas que les fueron saqueadas.

Tras concluir hoy la audiencia, las partes tienen algunas semanas para presentar sus alegatos finales por escrito, y la CorteIDH emitirá una sentencia en los próximos meses. EFE