El presidente del Parlamento de El Salvador, Sigfrido Reyes, presentó hoy ante la Corte Centroamericana de Justicia un "recurso de conflicto entre poderes del Estado", por una disputa entre el Legislativo y el Supremo salvadoreños.

En el recurso, el Parlamento salvadoreño pidió al tribunal regional suspender el fallo de la Corte Suprema de ese país que declaró inconstitucional la elección de 20 magistrados, dijo a Efe el hondureño Francisco Darío Lobo, uno de los jueces de la Corte Centroamericana, con sede en Managua.

El tribunal regional deberá decidir si admite la demanda y emite medidas cautelares, lo que puede ocurrir mañana mismo en Managua, agregó Lobo.

Según el magistrado, el Parlamento salvadoreño solicitó a la Corte Centroamericana tramitar con "suma urgencia" el recurso de conflicto entre poderes del Estado para evitar "un caos" en El Salvador.

El magistrado del tribunal regional explicó que el caso planteado "es rápido" e, incluso, no necesitaría de una audiencia para emitir una sentencia.

Por su parte, Reyes dijo a medios oficiales nicaragüenses que la decisión del Supremo salvadoreño de anular la designación de los magistrados del Supremo "tiene una implicación dramática y directa en la seguridad jurídica" y "en el Estado de Derecho" de su país.

El legislador agregó que la paralización del Supremo "tendría un impacto sumamente negativo" para los ciudadanos que demandan justicia en El Salvador.

La Corte Suprema de Justicia anuló el pasado día 5 las elecciones de 10 magistrados y sus respectivos suplentes, hechas en 2006 y el 24 de abril pasado por la Asamblea Legislativa, porque una misma legislatura no puede elegir jueces en dos ocasiones.

La Sala Constitucional ordenó que el Parlamento elija de nuevo a los magistrados, pero esa disposición ha sido señalada como contradictoria por diputados y otros sectores que rechazan los fallos, pues consideran que significaría hacer lo mismo que ya fue anulado.

Los magistrados electos en abril deben asumir el 1 de julio próximo para el período 2012-2021 y los de 2006 tienen mandato hasta 2015.

La Constitución salvadoreña establece que cada tres años debe renovarse un tercio del Supremo, integrada por 15 magistrados propietarios y sus suplentes, que cumplen así períodos escalonados de nueve años, pero no establece en qué legislatura debe ser la elección.