SANTO DOMINGO –  Un grupo de 28 dominicanos de origen haitiano ganó un juicio contra las autoridades dominicanas que les negaban sus documentos de identidad por su ascendencia haitiana, informó el miércoles la organización que llevó el caso a los tribunales.

"Ya no hay vuelta atrás, las autoridades deben de cumplir la sentencia y entregar las cédulas" de identidad dominicanas a los 28 afectados, dijo a The Associated Press Sonia Adames, directora del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM).

Las 28 personas, residentes en la provincia cañera de San Pedro de Macorís, 75 kilómetros al oriente de Santo Domingo, habían conseguido a finales del 2011 que la Junta Central Electoral (JCE), que administra el registro civil, les liberara copias de sus actas de nacimiento, pero se negaba a emitirles cédulas, necesarias para realizar cualquier trámite civil.

Con su negativa a emitir las cédulas, la JCE "violentó el derecho a la dignidad humana, igualdad, nacionalidad e identidad" de los afectados, dijo en su sentencia el juez Luis Alberto Adames, de la corte civil de San Pedro de Macorís.

El juez dio a la JCE un plazo máximo de 10 días para entregar los documentos o de lo contrario deberá pagar una indemnización de 1.000 pesos (25 dólares) a cada uno de los afectados por cada día de atraso.

La JCE electoral no respondió a AP si acatará el fallo o presentará algún recurso legal en contra de la decisión del juez y tampoco había informado a los afectados si les entregaría los documentos.

Noemí Méndez, abogada de los 28 descendientes de haitianos, explicó que la sentencia no puede ser apelada por las autoridades.

"La JCE perdió el caso y con esto se sienta un precedente jurídico", insistió Sonia Adames.

Adelantó que el SJRM, una de las principales organizaciones de defensa de los inmigrantes haitianos y de sus descendientes, prepara otro recurso colectivo para exigir en los tribunales que la JCE entregue documentos a otras 180 personas.

La JCE comenzó en 2007 a negar las copias de actas de nacimiento y cédulas a los descendientes de los miles de inmigrantes del vecino Haití con el argumento de que, por décadas, habían sido registrados de forma fraudulenta por sus padres para obtener la nacionalidad dominicana.

La constitución que estuvo vigente hasta enero del 2010 permitió que miles de hijos de inmigrantes haitianos nacidos en República Dominicana fueran reconocidos como dominicanos, pero desde 2007 la JCE les niega sus documentos para someterlos a revisión y en algunos casos los ha anulado.

El presidente de la JCE, Roberto Rosario, ha explicado en diversas ocasiones y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la medida busca eliminar los registros fraudulentos y hacer más confiable el padrón electoral.

De acuerdo con estimaciones de la Dirección de Migración, en República Dominicana vive alrededor de un millón de haitianos, en su mayoría sin permiso migratorio. Miles de inmigrantse han permanecido por décadas en territorio dominicano, donde nacieron sus hijos y nietos.

El SJRM indicó el pasado 12 de junio, durante un protesta frente a la JCE, que tiene documentados unos 1.600 casos de personas de origen haitiano que por la negativa de la JCE a entregarles sus documentos no pueden asistir a la escuela, recibir asistencia médica, conseguir un trabajo, abrir una cuenta bancaria, casarse y están en peligro de ser deportados.

De forma previa al grupo de 28 personas, otros afectados por la medida han llevado sus casos ante los tribunales, pero debido a tecnicismos legales la JCE ha apelado y los expedientes están en espera del fallo de la Suprema Corte.

La negativa de la JCE a emitir documento permanece en estudio en la CIDH.