La familia de la hondureña Cintia Yadira Herrera, una inmigrante que falleció el pasado lunes tras llegar deportada de Estados Unidos, culpó hoy a las autoridades migratorias de ese país por el trágico hecho.

El padre de Cintia Yadira, José Herrera, dijo a los periodistas que las autoridades migratorias de Estados Unidos "no escucharon las súplicas" de su hija, de 34 años, madre de tres hijos, aún cuando les notificó que se sentía mal de salud.

La inmigrante murió en San Pedro Sula, norte de Honduras, tras bajar del avión en el que llegó deportada de Estados Unidos junto con otros 102 hondureños, informaron el lunes autoridades migratorias locales.

Según el padre de Cintia Yadira, quien era originaria del departamento oriental de Olancho, ella viajó de manera ilegal a Estados Unidos en marzo pasado, con la idea de encontrarse en Texas con su esposo, Luis Matute, lo que no pudo lograr porque fue detenida el mismo día que llegó a aquel país.

A raíz de su detención, su familia tampoco supo más de ella sino hasta hace un mes, cuando un hermano suyo les llamó por teléfono para informarles que estaba detenida por haber ingresado de manera ilegal a Estados Unidos, según versiones difundidas por la prensa local.

El lunes pasado, Cintia Yadira llegó deportada a San Pedro Sula en un avión fletado por el Servicio de Inmigración de EE.UU., junto con otro centenar de hondureños que también habían viajado a ese país en busca de trabajo.

Cintia Yadira se desmayó tras haber caminado unos pocos pasos después de que bajó del avión, informaron el lunes miembros del Cuerpo de Bomberos que la atendieron, mientras que otros de los deportados compañeros de viaje relataron que ella se vio mal de salud desde que abordaron la aeronave.

Según organismos humanitarios, alrededor de un centenar de hondureños abandonan su país diariamente con la idea de llegar a Estados Unidos en busca de una oportunidad de trabajo.

Anualmente Estados Unidos deporta más de 20.000 hondureños indocumentados.

En el país del norte viven más de un millón de hondureños, entre residentes legales e indocumentados que anualmente envían remesas que superan los 2.500 millones de dólares.