Estados Unidos debe precisar cuáles son las reglas que considera amparan los asesinatos selectivos en sus operaciones internacionales, con casos reportados en Afganistán, Irak, Pakistán, Somalia y Yemen, según pidió el relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns.

En un informe presentado hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reunido en Ginebra, el experto recuerda que las fuerzas estadounidenses han efectuado incursiones, ataques aéreos y enviado aviones no pilotados ("drones") para atacar a personas específicas.

Heyns reiteró el llamamiento efectuado por su predecesor en el cargo y pidió al Gobierno estadounidense que especifique en qué se basa para decidir "matar en lugar de capturar" a un individuo que considera como un objetivo y si las autoridades del país donde se efectúa ese ataque han dado su consentimiento.

El objetivo del informe de Heyns es evaluar si la Administración de Barack Obama ha cumplido o no con las recomendaciones realizadas por el anterior relator, que efectúo una visita a Estados Unidos en 2008.

El relator, de nacionalidad sudafricana, critica en su evaluación a Estados Unidos por su "falta de transparencia" en esa cuestión, lo que ha obligado a organizaciones civiles a realizar importantes esfuerzos para investigar los ataques con "drones" y, aunque las cifras resultantes difieren, todas coinciden en el aumento de su utilización en los últimos tres años.

Recuerda, a ese respecto, que aunque esos ataques estén dirigidos contra supuestos líderes o miembros activos de grupos terroristas en un contexto de conflicto armado, también hay víctimas civiles que mueren en regiones donde "no está claro" que exista una situación de conflicto.

"Desde 2004, unos 300 ataques con 'drones' han tenido lugar en Pakistán y el número de los muertos que se denuncia cuadruplica esa cifra, de los cuales se cree que 130 eran civiles", indica el experto de la ONU en su informe.

El documento agrega que en Pakistán, Somalia o Yemen no se ha establecido un sistema de compensación para las víctimas o sus familias, como sí se ha hecho en Irak y Pakistán.

"El Gobierno (de EEUU) debe aclarar qué procedimientos aplica para garantizar que estos asesinatos selectivos son acordes con el derecho humanitario internacional y los derechos humanos, así como las medidas que permiten una investigación pública, independiente y efectiva en casos de violación", recalca Heyns en su informe.

Asimismo, declara su preocupación por el precedente que puede sentar esta práctica, que permitiría a cualquier gobierno, bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo, asesinar a un individuo en otro país si considera que constituye una amenaza para su seguridad.

Por otra parte, subraya ciertos avances y el cumplimiento de algunas de las recomendaciones formuladas por su predecesor para solucionar situaciones como la muerte de inmigrantes detenidos.

Sin embargo, el actual relator considera que ese sigue siendo un tema preocupante al recordar que se conocen casos de muertes en situaciones en que "la detención no era necesaria ni apropiada" y en lugares sin una atención médica apropiada.

En cambio, poco se ha hecho para responder a las inquietudes que levanta la aplicación de la pena de muerte en EE.UU., con 3.251 presos que se encuentran actualmente en el llamado "corredor de la muerte" y el problema persistente de las "disparidades raciales" en su imposición, según Heyns.