Un juez estadounidense ordenó la detención de un cubano residente en el sur de Florida acusado de participar en una operación de lavado de unos 31 millones de dólares hacia bancos cubanos, procedentes de un presunto fraude al sistema de salud pública (Medicare).

Sobre Óscar Sánchez, de 46 años, pesa el cargo de "conspiración para lavar dinero procedente del Medicare" a través de una trama en la que están implicadas 70 compañías del sur de Florida, que presentaron reclamaciones fraudulentas por 375 millones de dólares, indicó hoy la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.

"Como resultado de estas reclamaciones, el Medicare depositó unos 70 millones de dólares en las cuentas bancarias de estas compañías", de los que 31 millones de dólares se transfirieron de Estados Unidos a cuentas abiertas en Canadá, el Caribe y, finalmente, a Cuba, "a un lugar desconocido", explicó la Fiscalía.

La Fiscalía solicitó en una moción presentada este lunes en un tribunal de Miami que se procediera a la detención de Sánchez, ya que existe la fundada sospecha de que podría fugarse del país.

Dada la "vastedad de esta conspiración, de los lazos del acusado con un país comunista que no le extraditaría y de los 78 viajes que ha efectuado en los pasados diez años, pedimos al Tribunal que ordene la detención de Sánchez", precisó la Fiscalía en la moción.

Según la acusación, la operación para esconder el dinero procedente del fraude al Medicare se articuló mediante la apertura de quince cuentas bancarias en Canadá y Trinidad y Tobago para, posteriormente, transferir unos "63 millones de dólares de Estados Unidos al sistema bancario cubano".

De acuerdo con la acusación, Sánchez, que operó entre 2005 y 2009 para "una organización internacional de lavado de dinero", recibía una retribución por el dinero proporcionado a los "cerebros del fraude al Medicare".

Sánchez, cubano nacionalizado estadounidense, "les proveía de dinero en efectivo después de que ellos le entregaran cheques y transferencias de empresas implicadas en el fraude", señaló la Fiscalía.

Según dijo, se puede probar que Sánchez "lavó entre 20 y 50 millones de dólares" procedentes del fraude al sistema de salud pública y que estaba implicado en el negocio del lavado de dinero.

Por ello, aún cuando se declarase culpable de los cargos que se le imputa, "afronta una sentencia dura", de hasta veinte años de cárcel, aunque la Fiscalía, que sostiene que las pruebas de su culpabilidad son "abrumadoras", recomendará una condena de diez años de prisión.