Delegados de los 193 países que participan en la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible Río+20 aprobaron hoy el documento consensuado esta madrugada, que será presentado a los mandatarios que participarán en la cumbre que se inicia mañana, informaron fuentes oficiales.

El documento final, presentado esta mañana por Brasil en calidad de anfitrión de la cumbre, fue aprobado "sin modificaciones" en una reunión plenaria presidida por el canciller brasileño, Antonio patriota, dijo un portavoz de la ONU a la prensa.

Con el visto bueno final de todas las delegaciones el documento, denominado "El futuro que queremos", queda listo para ser presentado a los cerca de cien Jefes de Estado o de Gobierno que desde mañana y hasta el viernes participarán en la Cumbre de la Río+20.

Las negociaciones del documento bajo la conducción de Brasil comenzaron el pasado sábado y concluyeron en la madrugada de hoy.

El texto acordado tiene como base la propuesta brasileña, que redujo significativamente el número de párrafos del original que venía siendo negociado en Nueva York y eliminó las partes que generaban más discrepancias, pero que diferentes ONG y organismos internacionales consideran como poco ambicioso.

Según negociadores brasileños, los asuntos más polémicos fueron superados con textos conciliadores y sin muchas especificaciones en el documento, que cuenta con 283 párrafos distribuidos en seis capítulos y 49 páginas, tras haber comenzado con un borrador de 200 páginas.

El documento destaca en varios puntos los aspectos sociales, como la erradicación de la pobreza, la mejoría de la calidad de vida y el desarrollo sostenible con inclusión social.

En el primer capítulo define el desarrollo sostenible como la "promoción sustentada, incluyente y justa del crecimiento económico para crear mayores oportunidades para todos, reducir las desigualdades, elevar los niveles básicos de vida, promover el desarrollo social equitativo y la inclusión y promover la gestión integrada y sostenible de los recursos naturales y de los ecosistemas".

En torno a la "economía verde", otro tema polémico por las distintas concepciones sobre el asunto, el documento reconoce que "existen diferentes abordajes, visiones, modelos y herramientas disponibles para cada país, según sus circunstancias y prioridades nacionales, para alcanzar el desarrollo sostenible".

Algunos países pobres, así como las ONG, consideran que la "economía verde" es una herramienta del capitalismo para apropiarse y comercializar los recursos naturales, como el agua y los bosques.

En cuanto a la protección de los océanos, en el que se esperaba un acuerdo ambicioso y concreto, el texto tan sólo se refiere a la necesidad del uso sustentable de la biodiversidad marina y de crear un mecanismo internacional que pueda tratar del asunto.

Las divergencias en torno al fortalecimiento del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) fueron superadas con un nuevo texto que no convierte automáticamente a ese organismo en una agencia especializada de la ONU con mayor autonomía y presupuesto propio, como defendían los europeos.

El documento sólo menciona el fortalecimiento y un "upgrade" del Pnuma pero sin referirse a un nuevo organismo.

El asunto que más generaba discrepancias era el de los "medios de implementación", es decir los recursos necesarios para financiar los proyectos de desarrollo sostenible y la transferencia de tecnología.

Tras descartarse una propuesta de los países pobres para la creación de un fondo con 30.000 millones de dólares anuales, el texto cita fondos de múltiples orígenes, como privados y de instituciones multilaterales, para no limitar la financiación a las ayudas de los países ricos a los pobres.

El texto excluye cualquier mención a transferencia de recursos financieros, cifras o nuevos fondos, aunque prevé la creación de un foro de alto nivel en la ONU para estudiar esos mecanismos.