El proceso penal que un jurado investigador de Virginia sigue contra quien fuera el jefe de seguridad del ex presidente Alvaro Uribe Vélez ha desatado una polémica en el país pues los críticos del gobierno anterior creen que es poco probable que el antiguo aliado de Estados Unidos no conociera esas acusaciones.

La situación también ha aumentado las crecientes tensiones entre el actual presidente colombiano, Juan Manuel Santos y Uribe (2002-2010) y no se descarta que abra un nuevo capítulo de confrontación política.

Para los críticos, Uribe debió retirar al general de la Policía, Mauricio Santoyo, y afirmaron que su caso compromete, incluso, la política antidrogas del país.

Santos, que fue ministro de Defensa de Uribe, dijo el martes en la ciudad mexicana de Los Cabos que "la información que tengo es que las autoridades norteamericanas lo están requiriendo y sería muy importante que el general Santoyo fuera y respondiera ante la justicia norteamericana por sus actos".

Agregó, según un comunicado de la presidencia, que "si lo están requiriendo es por algo. Lo importante es que vaya y responda, por bien de la institución (policial) y por bien del país".

De acuerdo con una acusación formal de un jurado investigador de una corte federal de la ciudad de Alexandria, en el estado de Virginia, Santoyo habría recibido sobornos a cambio de dar información de inteligencia a las principales bandas del narcotráfico en Colombia sobre las indagaciones de autoridades estadounidenses, británicas y colombianas.

El representante a la Cámara por el izquierdista partido Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, opinó que Uribe debió retirarlo de las filas policiales al conocerse denuncias en su contra y ser sancionado en primera instancia por la Procuraduría General.

"No sólo omitió retirar a Santoyo del servicio, sino que estimuló la impunidad al permitir que el oficial ascendiera en su carrera... cuando eran de conocimiento público las denuncias" en su contra, señaló Cepeda, citado en un comunicado divulgado por su oficina de prensa.

Cepeda indicó que esta situación "no sólo compromete seriamente la carrera política del ex presidente, sino que devela los inmensos problemas de la política antidrogas en Colombia, y es un profundo golpe a la credibilidad de la misma".

Uribe dijo el martes a la emisora La W que "nadie me habló mal de Santoyo; todo el mundo hablaba bien de él".

Reconoció, sin embargo, que al final de su gobierno y cuando Santoyo estaba tramitando su retiro del servicio activo, un informe de la propia Policía le alertó de que un testigo en Estados Unidos estaba sindicando al general de nexos con la mafia.

Pero aseguró que no fue alertado sobre alguna denuncia por parte de Estados Unidos, un estrecho aliado de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y las guerrillas.

El ex jefe de la policía general en retiro Oscar Naranjo, dijo el martes a la radio La W que fue él quien presentó ante el Congreso la hoja de vida de Santoyo y de otros oficiales para ser ascendidos.

Y para ese momento, finales de 2006 e inicios del 2007, "no recibí ninguna información de la DEA...con relación a los casos que hoy se investigan", aseguró .

Antes de que asumiera como jefe de seguridad de Uribe, Santoyo ya había estado en el centro de un escándalo, cuando en 2001 resultó salpicado en versiones de prensa por un caso de interceptaciones telefónicas ilegales a miembros de organizaciones de derechos humanos en la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia, al noroeste de Bogotá.

La Procuraduría General, que en Colombia investiga disciplinariamente a los funcionarios públicos, ratificó en noviembre del 2004 la destitución a Santoyo por su presunta responsabilidad en las escuchas ilícitas desde la Policía en Medellín.

Pese a la decisión de la Procuraduría, Uribe dejó a Santoyo en el cargo de su jefe de seguridad con el argumento de que aún tenía en desarrollo un recurso o demanda contra su destitución.

El fallo de destitución de la Procuraduría entonces quedó sin peso jurídico por una decisión del Consejo de Estado --una de las cuatro altas cortes de Colombia-- que en abril de 2006 le dio la razón a Santoyo en su apelación de que la sanción en su contra no le fue notificada oportuna y debidamente como disponen las leyes aquí.

Tras ese fallo, Santoyo consiguió ser ascendido a general, en una promoción de grado que como cualquier otra debe ser aprobada por el Ministerio de Defensa y el Congreso.

Santoyo dijo en un comunicado divulgado en la prensa local que "serví a Colombia por más de treinta años como oficial en la Policía Nacional y tengo la tranquilidad de poder responder cualquier inquietud sobre mi proceder".

"Siempre he estado y estaré a disposición de las autoridades pertinentes para aclarar cualquier sindicación que se me haga", agregó.

Santoyo ha sido señalado de entregar a las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia información sobre las operaciones que las autoridades estadounidenses, británicas y colombianas iban a realizar en su contra.

Además, habría facilitado que policías corruptos dieran apoyo a los paramilitares.

También ha sido señalado de haber entregado información de inteligencia recolectada por el gobierno que fue usada por esas bandas para identificar personas que luego fueron asesinadas.

La Fiscalía colombiana le dijo a la AP el lunes que contra Santoyo aún no hay una orden de captura con fines de extradición.