El Gobierno uruguayo presentó hoy una Estrategia Nacional contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que tiene el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y busca "resguardar" la plaza financiera contra "amenazas" de la delincuencia internacional, informaron fuentes oficiales.

El plan de acción tiene por finalidad "mejorar y actualizar" la "lucha contra el lavado de activos", supone un "salto cualitativo" y una "nueva muestra" de que Uruguay "es un país serio", afirmó el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa.

Matthew Byrne, jefe del grupo de Integridad Financiera del FMI, explicó que la estrategia que impulsará Uruguay "es el resultado de seis años de trabajo conjunto".

Se trata de "un documento de vanguardia" donde se contemplan las "amenazas" que puede sufrir Uruguay y la mejor manera de "adaptarse a los tiempos que corren", agregó el funcionario durante la presentación de la estrategia celebrada en la Presidencia uruguaya.

El organismo internacional no aporta dinero sino "asistencia técnica" con expertos para la "evaluación de riesgos, definición de estrategias" y, eventualmente, "sugerir reformas legales".

Los expertos del FMI encontraron "debilidades" en "subsectores" del sistema financiero y recomendaron ampliar los controles para evitar que llegue a la plaza financiera uruguaya dinero proveniente del crimen organizado.

Uruguay, por su "estabilidad y seguridad jurídica" se ha convertido en "una plaza apetecible" para las inversiones extranjeras pero, "paradójicamente, eso también la hace más vulnerable para el lavado de activos", destacó el funcionario del FMI.

Además, señaló como "fortalezas" de Uruguay el "firme compromiso político" para "enfrentar" el crimen organizado y la "muy buena coordinación institucional" entre diferentes organismos y oficinas públicas dedicadas a la vigilancia.

Los bancos "tienen controles fuertes", pero en el mercado inmobiliario y en las sociedades anónimas "hay cosas para mejorar" admitieron fuentes oficiales.

El gerente de la unidad de información de análisis financiero del Banco Central del Uruguay, Daniel Espinosa, dijo que el banco recibe anualmente "entre 200 y 220 denuncias" de depósitos "sospechosos" que son investigados y en caso de detectar irregularidades se pasan a la justicia.