El legislativo suspendió debido a protestas un debate y presentación de anteproyectos de ley que permitirán al gobierno vender parte de las acciones que posee en las empresas de telecomunicaciones y de generación eléctrica.

Opositores a esos planes colmaron las graderías del recinto y dieron la espalda al ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, cuando defendía ante los diputados la propuesta para modificar la Ley que privatizó las telecomunicaciones en 1997.

El debate legislativo fue pospuesto para el martes.

El proyecto de telecomunicaciones permitirá al Estado vender el 24% del capital que posee en la empresa Cable & Wireless y depositar el 25% restante en el recién creado Fondo de Ahorro de Panamá, explicó el funcionario. Dijo que la venta de las acciones la inversión local.

Pero la presentación del ministro fue interrumpida por las protestas y gritos desde las graderías de gente que llegó temprano para oponerse a la aprobación en el tercero y último debate de otro proyecto de ley que permitirá la venta de las acciones del Estado en las empresas de generación y distribución de energía eléctrica.

El gobierno cuenta con mayoría legislativa.

"Estamos aquí para defender los activos del pueblo panameño, y la democracia", expresó el vicepresidente y líder del opositor Partido Panameñista, Juan Carlos Varela.

El panameñismo se desligó en 2011 de la alianza con el partido Cambio Democrático, de Martinelli, y desde entonces se convirtió en uno de sus más acérrimos opositores.

El dirigente del minoritario Partido Popular, Milton Henríquez, señaló que rechazan lo que calificó como "el remate del patrimonio nacional".

Los opositores temen que Martinelli utilice los dineros de la venta para gasto público cuando le restan dos años de administración y ante la proximidad de un año pre-electoral, aunque el gobierno objeta esos señalamientos.

La empresa británica Cable & Wireless entró en el mercado panameño en 1997, luego de pagar 652 millones de dólares al Estado para adquirir el 49% de las acciones del otrora Instituto Nacional de Telecomunicaciones.

El otro 49% permaneció como propiedad del Estado y el 2% restante pasó a los trabajadores.

De acuerdo con Cable and Wireless, en 15 años se ha pagado 682 millones de dólares en dividendos al Estado y 557 millones de dólares en impuestos.

El Estado panameño posee el 49% de las acciones de las dos distribuidoras de electricidad, la colombiana ENSA y la española Unión Fenosa, así como el 49% de las principales generadoras, entre ellas la estadounidense AES.

Ambas privatizaciones se realizaron durante el gobierno del presidente Ernesto Pérez Balladares (1994-99), cuyo Partido Revolucionario Democrático (PRD) se opone actualmente a la venta de las acciones en las telecomunicaciones y energía.