San José –  El Gobierno costarricense y el sindicato de los dos mayores puertos del país comenzaron hoy a negociar una posible salida a la huelga que mantienen los funcionarios de ambos terminales desde la semana pasada y que fue declarada ilegal por un tribunal local.

Unos 1.500 trabajadores de los muelles de Moín y Limón, por donde pasa el 80 % del comercio internacional del país, paralizaron sus labores el martes pasado, aunque el fin de semana ambos puertos fueron tomados por la Policía y personal externo los mantiene operativos en un 100 %, según el Gobierno, y en 5 %, según el sindicato.

Los trabajadores de la estatal Junta de Administración y Desarrollo Portuario de la Vertiente Atlántica (Japdeva), que administra los dos puertos, protestan por la futura construcción de un puerto dado en concesión a una empresa extranjera.

Los líderes sindicales llegaron este lunes a la Casa Presidencial, en San José, e iniciaron una reunión con el ministro de la Presidencia, Carlos Benavides, con la mediación de algunos diputados y de la Defensoría de los Habitantes.

El encuentro se ha celebrado a puerta cerrada, sin que ningún portavoz oficial haya aclarado si es el primero de una serie de ellos o si es posible alcanzar una solución al conflicto este día.

Mientras tanto, el Gobierno dio a conocer este lunes que el pasado viernes un Juzgado de Trabajo declaró ilegal la huelga, porque afecta un servicio público, por lo advirtió que los empleados que no regresen a su puesto de trabajo tendrán consecuencias legales y hasta podrían ser despedidos.

La presidenta Laura Chinchilla dijo, por su parte, a los periodistas que el paro no se justifica y pidió a los huelguistas volver a su trabajo.

Estimaciones oficiales indican que tras casi un semana de huelga Japdeva ha perdido cerca de 500.000 dólares, mientras las cúpulas empresariales calcularon sus pérdidas en más de tres millones de dólares.

El Gobierno otorgó en agosto pasado en concesión a la empresa holandesa APM Terminals la construcción de un nuevo puerto cerca de los actuales muelles, a lo que los trabajadores de Japdeva se oponen porque, afirman, tendrá la exclusividad de la carga y descarga de contenedores en el Caribe.

La concesión a APM Terminals es por 30 años y la obra requiere de una inversión de más de 990 millones de dólares.

Según el sindicato, la concesión a APM Terminals, en los términos actuales limita no solo la competencia en cuanto a servicio y tarifas, sino que le impide a las empresas decidir cuál muelle utilizar para sus negocios.

El contrato con la trasnacional ya recibió el refrendo de la Contraloría General y se espera que la primera fase esté en operaciones para el 2016, cuando podrá atender barcos Post-Panamax, los de mayor capacidad, que a partir de 2014 podrán transitar por el Canal de Panamá.