Un juez paraguayo decretó hoy la prisión de doce campesinos "sin tierras" y declaró a otros 46 en rebeldía, tras el enfrentamiento a tiros con policías que causó la muerte de al menos diecisiete personas el viernes en el noreste del país.

El juez José Benítez dictó esas resoluciones en el marco de las investigaciones del choque armado que se produjo durante una operación de desalojo de una hacienda en la colonia Ybyrá Pytá, a 380 kilómetros al noreste de Asunción.

Los doce campesinos afectados por la medida judicial fueron imputados en la víspera por varios cargos, entre ellos homicidio doloso, homicidio doloso en grado de tentativa, lesión grave, asociación criminal, coacción y coacción grave.

El magistrado también declaró en rebeldía a otros 46 labradores que habrían participado en ese hecho que derivó en la muerte de seis policías y de al menos once campesinos en esa colonia, en el departamento de Canindeyú, colindante con el estado brasileño de Paraná, según relataron los medios de prensa asuncenos.

Además, una veintena de personas resultaron heridas.

La Policía informó inicialmente del fallecimiento de nueve "sin tierras", pero en la víspera fueron hallados los cuerpos de otros dos campesinos en una zona boscosa de la hacienda, propiedad del conocido político y empresario Blas N. Riquelme.

Los cuerpos fueron encontrados durante el recorrido de una comitiva fiscal y policial, así como de familiares de los campesinos que aseveraron el sábado ante periodistas que alrededor de 40 personas seguían ocultas y atemorizadas en el monte.

Las tareas de búsqueda prosiguieron este domingo pese a la intensa lluvia caída en la zona y hasta el momento no se han producido nuevos hallazgos.

El enfrentamiento devino en la destitución del ministro del Interior, Carlos Filizzola, y del comandante de la Policía, Paulino Rojas, cuyos sustitutos, Rubén Candia Amarilla y Arnaldo Sanabria, respectivamente, juraron en sus cargos el sábado ante el jefe de Estado, Fernando Lugo.

El Poder Ejecutivo autorizó el viernes el envío de tropas militares a la zona afectada para reforzar las tareas de la policía.

Los desalojos y ocupaciones de tierras son constantes en el país, aunque esta es la primera vez que se registra un hecho de esa magnitud.

Los grupos de "sin tierras" acusan al Estado de haber cedido ilegalmente terrenos a latifundistas y productores agrícolas, principalmente durante la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989).