El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, Óscar Luna, dijo hoy que es innecesario llevar a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) el conflicto por la inconstitucionalidad de 20 jueces salvadoreños.

Luna señaló que la Asamblea Legislativa debe acatar los fallos que declararon la inconstitucionalidad de la elección de magistrados que ese órgano hizo en 2006 y en abril pasado, y advirtió que la opción de la CCJ se podría revertir en su contra.

"No es necesario irse" a la Corte regional, con sede en Managua, pues "teniendo los recursos, los medios y más voluntad política (...), la Asamblea puede resolver eso", declaró Luna a periodistas.

Subrayó que ante lo decidido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) "lo jurídico es acatarlo", por lo que la Asamblea debe "ratificar a los magistrados o modificarlos en base a la lista" de candidatos presentada en su momento.

El Parlamento aprobó el jueves acudir a la CCJ tras no acatar los fallos mediante las cuales, el pasado día 5, la Sala declaró inconstitucional la elección de 10 magistrados propietarios y suplentes hecha en 2006 y el 24 de abril.

Los magistrados electos en abril deben asumir el 1 de julio próximo para el período 2012-2021 y los de 2006 tienen mandato hasta 2015.

La Constitución salvadoreña establece que cada tres años debe renovarse un tercio de la CSJ, integrada por 15 magistrados propietarios y sus suplentes, que cumplen así períodos escalonados de nueve años, pero no fija en qué legislatura debe ser la elección.

Luna advirtió que el estatuto de la CCJ establece que se puede recurrir a ese órgano regional "cuando no se acatan fallos judiciales, o sea que eso incluso se puede revertir en contra de la misma Asamblea" porque rechaza las sentencias de la Sala.

Una de las competencias de la CCJ, establecidas en el artículo 22 de su estatuto e invocada por el decreto del jueves, es "conocer y resolver a solicitud del agraviado de conflictos que puedan surgir entre los poderes u órganos fundamentales de los Estados, y cuando de hecho no se respeten los fallos judiciales".

El procurador de Derechos Humanos consideró que la CCJ deberá decidir primero si "realmente se puede decir que es un conflicto entre órganos" del Estado.

Luna opinó que es "un conflicto entre una Sala, que no es todo el órgano, con una parte de la Asamblea".

El decreto para acudir a la CCJ fue aprobado por iniciativa del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), aliado con varios partidos minoritarios, con el rechazo de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Cambio Democrático (CD).

La Sala argumentó que una misma legislatura no puede elegir jueces en dos ocasiones, pues en ambos casos ya lo habían hecho, y ordenó que el Parlamento los elija de nuevo.

Esta disposición es señalada como contradictoria por diputados y otros sectores que rechazan los fallos, pues consideran que la Sala ordenó hacer precisamente lo mismo que anuló, es decir, que una legislatura elija magistrados en dos ocasiones.

Otra criticada decisión de la Sala es que el 6 de junio rechazó un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el sindicato del Poder Judicial contra la elección de magistrados de 2009 porque dos de ellos no estaban en el listado original de candidatos.

Esos magistrados son Belarmino Jaime, actual presidente de la CSJ, y Rodolfo González, ambos miembros de la Sala Constitucional, quienes participaron en la sesión donde se rechazó el recurso.

El presidente del Parlamento, Sigfrido Reyes, dijo ayer a Efe que la CSJ "se está desintegrando", lo que podría consumarse si el 1 de julio no asumen los magistrados electos en abril, entre ellos el nuevo titular de ese tribunal, Ovidio Bonilla.

El período del presidente de la CSJ es de tres años y en los seis restantes sigue siendo sólo magistrado.