El Gobierno costarricense mantiene el control de los puertos del Caribe, pero la mayoría de sus trabajadores mantienen hoy la huelga que iniciaron el pasado martes como protesta por la futura construcción de un puerto dado en concesión a una empresa extranjera.

La defensora de los habitantes, Ofelia Taitelbaun, informó de que iniciará hoy una labor de mediación para tratar de acercar posiciones entre el Gobierno y el Sindicato de Trabajadores de la Junta de Administración y Desarrollo Portuario de la Vertiente Atlántica.

La huelga estalló el martes, pero al día siguiente el Gobierno tomó el control de los puertos con la Fuerza Pública y mediante la contratación de personal externo, entre ellos operadores panameños, por lo que los muelles operan con normalidad.

El presidente de la Junta Administradora y Desarrollo Portuario de la Vertiente Atlántica, Allan Hidalgo, dijo a los periodistas que por el movimiento se dejaron de percibir cerca de 500.000 dólares, mientras las cúpulas empresariales calcularon sus pérdidas en al menos tres millones de dólares.

Por su parte, la Fuerza Pública mantiene cerca de 500 policías en la provincia de Limón (Caribe), donde se ubican los puertos, ya que en las últimas noches se han registrado hechos violentos y bloqueos en las carreteras de algunas comunidades.

Las autoridades no relacionan de manera oficial estos incidentes con la huelga, mientras el sindicato asegura que no tiene nada que ver con ello, pues su movimiento es pacífico.

Los puertos de Moín y Limón, por donde transita el 80 % del comercio internacional del país, han sido duramente criticados en los últimos años por el sector exportador porque considera que son operados con poca eficiencia, lo que le resta competitividad al país.

El Gobierno otorgó en agosto pasado en concesión a la empresa holandesa APM Terminals la construcción de un nuevo puerto cerca de los actuales muelles, a lo que los trabajadores de JAPDEVA se oponen porque afirman que tendrá la exclusividad de la carga y descarga de contenedores en el Caribe.

La concesión a APM Terminals es por 30 años y la obra requiere de una inversión de 990 millones de dólares.

Según el Sintrajap, la concesión a APM Terminals, en los términos actuales limita no solo la competencia en cuanto a servicio y tarifas, sino que le impide a las empresas decidir cuál muelle utilizar para sus negocios.

El contrato con la trasnacional ya recibió el refrendo de la Contraloría General y se espera que la primera fase esté en operaciones para el 2016, cuando podrá atender barcos Post-Panamax, los de mayor capacidad, que a partir de 2014 podrán transitar por el Canal de Panamá.

El Gobierno ha dicho que no se sentará a negociar con los huelguistas hasta que no depongan el movimiento, a lo que se niegan los trabajadores.