La Cámara de los Diputados de Italia aprobó hoy el proyecto de ley conocido como anticorrupción y en el que, entre otras normas, se introduce la prohibición de que puedan sentarse en el Parlamento políticos que hayan sido condenados en firme.

La votación se celebró después de que ayer, en una sesión maratoniana de cerca de ocho horas, el Gobierno de Mario Monti tuviera que afrontar tres cuestiones de confianza para aprobar las nuevas enmiendas y evitar el debate parlamentario para sacar la ley adelante.

Hoy la polémica normativa fue aprobada por 354 votos a favor, 25 en contra y 102 abstenciones -sobre todo entre los escaños de la Liga Norte y del Pueblo de la Libertad- lo que prueba la falta de consenso entre los parlamentarios.

Ahora la ley pasará al Senado, donde se espera una nueva batalla y donde el proyecto podría sufrir algunas variaciones.

La normativa impedirá entrar en el Parlamento a quien ha estado condenado a penas de más de tres años y tampoco podrán sentarse en los consejos de administración de entes públicos aquellas personas con condenas por delitos graves, como mafia o actos contra la administración pública.

Aunque este proyecto de ley tras su aprobación entraría en vigor en 2018, la ministra italiana de Justicia, Paola Severino, aseguró que se podrá aplicar la normativa con un decreto a partir de la próxima legislatura, prevista para 2013.

En el proyecto de ley también se tipifican nuevos delitos en los ámbitos del tráfico de influencias, corrupción entre privados y abuso de poder.

Además, con la nueva ley se reducen los tiempos de prescripción en algunos casos de "concusión" (abuso de poder).

Por ello, algunos medios de comunicación aseguran que podría beneficiar al expresidente del Gobierno Silvio Berlusconi, que está imputado en Milán (norte de Italia) por el llamado caso Ruby, en el que se le acusa de incitación a la prostitución de menores y abuso de poder, al llamar a una comisaría de la capital lombarda para conocer el estado de una joven marroquí detenida.