El ministro español de Economía, Luis de Guindos, lanzó hoy un mensaje de tranquilidad ante la situación de volatibilidad en los mercados y atribuyó la tensión financiera que está afectando especialmente a España a las elecciones griegas del próximo domingo.

De Guindos hizo estas declaraciones tras mantener una reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y los principales responsables económicos del ejecutivo, en una nueva jornada negra para la deuda española, en la que la presión de los mercados elevó la rentabilidad del bono a diez años hasta un nuevo máximo desde la era del euro, el 6,916 % al cierre.

La prima de riesgo española, que mide la diferencia entre el bono español a diez años y el alemán del mismo plazo, cerró en los 543 puntos básicos.

Durante la jornada, el interés del bono español a diez años llegó a situarse muy cerca del 7 % y la prima de riesgo alcanzó los 550 puntos, un nivel que De Guindos reconoció que no es sostenible en el tiempo.

El mercado de deuda soberana española acusaba tanto la rebaja aplicada el miércoles por la agencia de medición de riesgos Moody's a España como la posibilidad de que tanto Italia como España podrían necesitar un rescate a gran escala de la Unión Europea, según explicaron analistas de Saxo Bank.

La incertidumbre sobre el resultado de las elecciones del próximo domingo en Grecia y las dudas sobre las condiciones de la ayuda de 100.000 millones de euros concedida por la UE a la banca española incrementaron la presión sobre la deuda de España y de otros países del euro.

En el caso de Italia, otro país que sufre la presión de los mercados, su prima de riesgo finalizó en los 464 puntos básicos, muy por debajo de los 486 que marcaba en la apertura, en tanto que el rendimiento de su bono a diez años se situaba en el 6,131 %.

Por su parte, la prima de riesgo de Grecia cerró en los 2.707 puntos básicos, inferior a los 2.915 de esta mañana; en tanto que la de Portugal pasaba de los 926 puntos básicos a los 920 del cierre.

La prima de riesgo de Irlanda se elevó hasta los 592 puntos básicos.

Entretanto, en España continuó hoy la polémica en torno a las declaraciones efectuadas el miércoles por el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, acerca de que algunas de las entidades financieras españolas que han acabado en manos del Estado pueden estar encaminadas a la "liquidación".

Almunia insistió en que una ayuda europea siempre lleva ligada condiciones y supervisiones, y mencionó ese posible cierre de entidades financieras no sistémicas como una de las medidas que quizá sea necesario tomar en el futuro.

Después de que ya anoche el ejecutivo rechazara esa posibilidad, el gubernamental Partido Popular reclamó hoy la dimisión de Almunia (un político del opositor PSOE), a quien acusó de desleal por sus declaraciones sobre la crisis bancaria que vive el país.

Uno de los responsables del PP llegó a decir que lo mejor que puede hacer el comisario europeo es "volver a Madrid para ejercer de jefe de la oposición".

Precisamente, Almunia tiene previsto reunirse mañana en Madrid con el presidente del Gobierno español y líder del PP, Mariano Rajoy.

En el mismo asunto terció después el presidente del segundo banco del país, el BBVA, Francisco González, al asegurar que se debe diferenciar entre las entidades del sistema financiero español -que consideró "dominado por entidades sólidas"- y que las "que no son viables tendrán que desaparecer", en alusión a las cajas de ahorros.

González se refirió al informe publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que destacó que "es el 30 % del sector el que requiere el 80 % de las necesidades de capital identificadas".

"Es imprescindible, como hace el informe del FMI, diferenciar las entidades, y desde luego, identificar a las que no son viables, que tendrán que desaparecer", señaló.

González pronosticó un nuevo escenario bancario en España, en un plazo de "uno a dos años", dominado por dos grandes bancos, dos o tres medianos y cuatro o cinco entidades pequeñas, como consecuencia de una reforma en la que las entidades "que no son viables tendrán que desaparecer".