El Senado aprobó el jueves una enmienda constitucional que según el oficialismo facilitará eventuales negociaciones de paz para acabar con el conflicto armado interno colombiano.

El texto de la enmienda fue presentado en septiembre por congresistas del oficialismo y contó con el apoyo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

Aunque la sesión comenzó pasado el mediodía con casi tres horas de retraso, los senadores dieron un rápido debate y al final votaron aprobando la enmienda con 65 votos a favor y tres en contra, anunció el secretario general de la cámara alta, Emilio Otero, ante los congresistas.

Como se trata de una modificación a la carta magna, el texto debió pasar ocho distintos debates e igual número de votaciones, según las normas colombianas. La del jueves fue la octava y última discusión requerida.

La enmienda llamada "marco jurídico para la paz" establece que los actores del conflicto armado interno, como los rebeldes, pueden recibir rebajas o suspensión de penas en prisión si dejan las armas y se firma la paz. Los beneficios también se extienden a agentes del Estado como militares y policías. Pero están exceptuados de recibir esos beneficios los autores de delitos de lesa humanidad.

La norma sólo incluye a "agentes del Estado que hayan participado en las hostilidades en el marco del conflicto armado interno", quedando por fuera todos los funcionarios que hayan cometido delitos que no tengan que ver con el conflicto como ejecuciones extrajudiciales, corrupción, entre otros, dijo el senador Roy Barreras, autor del texto de la enmienda y miembro del oficialista Partido Social de Unidad Nacional.

"Se excluyen de los beneficios jurídicos a los miembros de las bandas criminales, servidores públicos diferentes a los agentes del Estado (o miembro de la fuerza pública), a los máximos responsables de delitos atroces y a narcotraficantes", dijo Barreras.

"No hay que tenerle miedo a la paz, sino a la guerra", añadió Barrera al final del debate y la aprobación.

Los detalles de quiénes exactamente serán beneficiados con la enmienda, cuáles delitos estarán incluidos en los beneficios y cuál será la rebaja de pena o cuándo se puede suspender ese castigo serán objeto de otra ley, cuyo texto debe ser presentado por el gobierno.

"Gracias al Congreso por aprobación de normas que podrían permitir terminación del conflicto", dijo Santos en un mensaje de Twitter poco después del visto bueno legislativo en una cámara dominada por el oficialismo. De 102 senadores, sólo cinco son del partido opositor izquierdista Polo Democrático Alternativo y el resto pertenece a la coalición oficial.

Pero el Polo votó a favor y los únicos que lo hicieron en contra son congresistas del oficialismo, como José Darío Salazar, presidente del Partido Conservador, quien alegó que ya en el pasado los legisladores habían aprobado normas para grupos ilegales que terminaban purgando penas mínima de prisión.

Al aclarar que seguiría la línea oficial y votaría a favor, el senador conservador Carlos Soto dijo, sin embargo, que quería dejar en claro sus dudas sobre eventuales diálogos de paz gracias a la enmienda. Agregó que lo que "no he podido percibir es una voluntad... siquiera de un mínimo porcentaje" por parte de los rebeldes de querer acabar con el conflicto, que ya dura casi 50 años.

Durante su turno, el ministro del Interior, Federico Renjifo, descartó las críticas y temores de activistas de derechos humanos en torno a que muchos delitos quedarían impunes al ofrecerse rebajas y suspensión de penas.

La enmienda "no es un marco para la impunidad y quiero ratificarles a ustedes que así será. Hay que insistir en que es la mejor manera de reparar a las víctimas. No olvidemos que la mejor justicia debe ser la paz", dijo el ministro en el Congreso.

Antes, Renjifo había dicho a los reporteros en el Senado que la enmienda no significaba que el gobierno estuviera ya en negociaciones de paz o a las puertas de sentarse a dialogar.

"Esto no es un acto de un proceso de paz, esto no es un proceso de paz", reiteró.

"Sólo es para eventuales" diálogos, aseguró.

Grupos de derechos humanos han criticado la enmienda al afirmar que abriría la puerta a la impunidad porque las investigaciones judiciales se centrarían en los "máximos responsables" e incluso a éstos se le podrían ofrecer los beneficios legales de rebaja o suspensión de la pena.

En el debate del miércoles frente al Congreso Barreras insistió en que "Timochenko", líder de las guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), "no tendrá curul gratuita" en el Congreso gracias a la enmienda, cuyo más reciente texto incluye la posibilidad de la futura participación política de miembros de grupos ilegales armados que son parte del conflicto.

"Timochenko" o Rodrigo Londoño, de 53 años, es el máximo jefe de las FARC y es miembro del "secretariado" o jefatura de siete miembros de esa guerrilla.

Santos ha dicho que está dispuesto a negociar la paz con las guerrillas pero que primero necesita pruebas o hechos concretos de que realmente los rebeldes desean dejar las armas tras casi 50 años de insurgencia.