Un juez desechó una demanda contra autoridades estadounidenses interpuesta por guatemaltecos a los que investigadores de Estados Unidos infectaron con enfermedades de transmisión sexual en la década de 1940.

La demanda fue presentada a nombre de las víctimas y sus herederos después que se revelara que presidiarios, pacientes mentales, soldados y huérfanos guatemaltecos fueron infectados deliberadamente sin su consentimiento.

Los investigadores dijeron que estudiaban los efectos de la penicilina, un medicamento relativamente nuevo entonces.

El juez federal de distrito Reggie Walton reconoció que el estudio era "un capítulo profundamente perturbador" en la historia de Estados Unidos. Pero dictaminó que la ley federal no considera procedentes las demandas contra el gobierno federal por perjuicios que los afectados hayan sufrido en un país extranjero y aceptó el pedido del gobierno federal para que se desechara la demanda.

Walton también desechó demandas constitucionales presentadas contra varios funcionarios federales activos como la secretaria de Servicios Sociales, Kathleen Sebelius.

El juez señaló que tales demandas debían estar dirigidas contra el funcionario federal que estuvo personalmente implicado en la conducta ilegal, lo cual no correspondía con las autoridades federales demandadas.

Las autoridades guatemaltecas dijeron el año pasado que determinaron que 2.082 personas fueron involucradas en los experimentos en los que se infectó a los sujetos con sífilis, gonorrea y chancro. Las autoridades estadounidenses establecieron la cifra en 1.308 sujetos.

El presidente Barack Obama, la secretaria de estado Hillary Rodham Clinton y Sebelius presentaron sus disculpas por la investigación, que estuvo oculta durante décadas hasta que un historiador médico del Wellesley College sacó a luz los expedientes en 2009.

Los abogados que representan a los guatemaltecos solicitaron primero al gobierno de Obama que estableciera un proceso con vistas a un arreglo extrajudicial a los reclamos, similar al establecido por el derrame petrolero en el Golfo de México y los ataques terroristas del 11 de septiembre, pero no hubo respuesta y presentaron la demanda.

Entre los objetivos de la investigación de 1940, a la que financió el predecesor del organismo Instituto Nacionales de Salud, era verificar el efecto de las dosis distintas de penicilina aplicadas a diversas enfermedades venéreas.

Walton señaló que las quejas de los inconformes "estarían dirigidas más apropiadamente contra las ramas políticas de nuestro gobierno, las que, si así lo deciden, tienen la capacidad para conceder un mínimo de alivio a los afectados en el estudio de Guatemala".