La Mesa directiva del Senado colombiano aplazó hoy para este jueves la votación final del Marco Jurídico para la Paz, que una vez sea aprobado dota al Gobierno de herramientas para entablar negociaciones con actores del conflicto armado en el país.

La medida se adoptó porque entrada la noche la mesa recibió la petición de al menos 32 parlamentarios que pedían intervenir en la sesión en la que se debate la iniciativa.

La discusión continuará este jueves a partir de las 10.00 hora local (15.00 GMT).

Durante su intervención, el senador Roy Barreras, ponente de la iniciativa, señaló que lo que se "busca es entregarle la llave de la paz" al país.

Reiteró que serán sancionados penalmente "los máximos responsables de todos los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. En todo caso habrá investigación y sanción para todos los casos".

El marco legal estará completo cuando el texto aprobado en este octavo debate sea conciliado con la Cámara de Representantes, explicó a Efe Viviana Corra, portavoz del senador ponente, el oficialista Barreras.

Así, este instrumento de justicia transicional, que implica una reforma constitucional, podrá ser usado por el actual Gobierno o por los posteriores cuando se abra la puerta de una salida negociada al conflicto armado de medio siglo con las FARC y el ELN, pero también con los agentes del Estado colombiano que hayan cometido crímenes, quienes serían sometidos a una instancia jurídica especial.

El acto legislativo fue propuesto por congresistas afines al Gobierno de Juan Manuel Santos, y ha cosechado las críticas de sus colegas conservadores, amén de otros rechazos dispares, como el del expresidente derechista Álvaro Uribe y el de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW).

De hecho, HRW instó ayer en una carta dirigida al Senado colombiano que corrija las "graves falencias" de ese texto, con el fin de evitar impunidad y una "amnistía encubierta" para autores de delitos graves.

Incluso, agregó que si el Senado hace caso omiso a esta advertencia y no corrige esos problemas de la última versión del proyecto jurídico estaría abriendo las puertas a una posible investigación por parte de la Corte Penal Internacional (CPI).

También Uribe se refirió hoy en su cuenta de la red social Twitter a la ponencia para el último debate del Marco para la Paz y cuestionó si ésta excluye la "elegibilidad" tras la entrega de las armas de "de personas responsables de delitos de lesa humanidad, de graves violaciones al DIH y de narcotráfico".

Al exmandatario le preocupa que el último texto confiera a una ley estatutaria que nacería de este marco la "definición de los delitos conexos con el delito político", pues ello "pone al país en la incertidumbre de esperar la ley que seguramente podrá ser moldeada por el comportamiento del terrorismo".

La oficina de Barreras divulgó en un correo electrónico el borrador de ponencia, que ha sido reformado en los últimos debates por los senadores y en el que también se insiste en que ese criterio de selección no causará "perjuicio" en el deber general del Estado de investigar y sancionar las faltas.

Además, impone las condiciones de la "dejación de las armas, el reconocimiento de responsabilidad, y la contribución al esclarecimiento de la verdad y a la reparación integral de las víctimas", así como la "liberación previa de los secuestrados en poder del grupo armado al margen de la ley".