El Senado de la República de Colombia abordó hoy el último debate del llamado Marco Jurídico para la Paz, un instrumento legislativo que una vez aprobado quedará a disposición del Gobierno ante una eventual negociación con los actores del conflicto armado interno.

El marco legal estará completo cuando el texto aprobado en este octavo debate sea conciliado con la Cámara de Representantes, explicó a Efe Viviana Corra, portavoz del senador ponente, el oficialista Roy Barreras.

Así, este instrumento de justicia transicional, que implica una reforma constitucional, podrá ser usado por el actual Gobierno o por los posteriores cuando se abra la puerta de una salida negociada al conflicto armado de medio siglo con las FARC y el ELN, pero también con los agentes del Estado colombiano que hayan cometido crímenes, quienes serían sometidos a una instancia jurídica especial.

El acto legislativo fue propuesto por congresistas afines al Gobierno de Juan Manuel Santos, y ha cosechado las críticas de sus colegas conservadores, amén de otros rechazos dispares, como el del expresidente derechista Álvaro Uribe y el de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW).

De hecho, HRW instó ayer en una carta dirigida al Senado colombiano que corrija las "graves falencias" de ese texto, con el fin de evitar impunidad y una "amnistía encubierta" para autores de delitos graves.

Incluso, agregó que si el Senado hace caso omiso a esta advertencia y no corrige esos problemas de la última versión del proyecto jurídico, estaría abriendo las puertas a una posible investigación por parte de la Corte Penal Internacional (CPI).

También Uribe se refirió hoy en su cuenta de la red social Twitter a la ponencia para el último debate del Marco para la Paz y cuestionó si esta excluye la "elegibilidad" tras la entrega de las armas de "de personas responsables de delitos de lesa humanidad, de graves violaciones al DIH y de narcotráfico".

Al exmandatario le preocupa que el último texto confiera a una ley estatutaria que nacería de este marco la "definición de los delitos conexos con el delito político", pues ello "pone al país en la incertidumbre de esperar la ley que seguramente podrá ser moldeada por el comportamiento del terrorismo".

La oficina de Barreras divulgó en un correo electrónico el borrador de ponencia, que ha sido reformado en los últimos debates por los senadores y en el que también se insiste en que ese criterio de selección no causará "perjuicio" en el deber general del Estado de investigar y sancionar las faltas.

Además, impone las condiciones de la "dejación de las armas, el reconocimiento de responsabilidad, y la contribución al esclarecimiento de la verdad y a la reparación integral de las víctimas", así como la "liberación previa de los secuestrados en poder del grupo armado al margen de la ley".