El gobernador de Brasilia, Agnelo Queiroz, se dijo hoy víctima de una "persecución" de las mafias del juego ilegal, a las que acusó de "sembrar sospechas" de corrupción en su contra y a las que aseguró que "combatirá con toda la fuerza".

Queiroz compareció para responder a esas sospechas ante una comisión especial del Congreso que investiga a las mafias y puso a disposición de ese grupo parlamentario sus informaciones bancarias y fiscales, así como garantizó que permitirá que todas sus llamadas telefónicas sean investigadas por las autoridades.

"Son acusaciones mentirosas y cobardes", declaró Queiroz, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), sobre quien pesan indicios de que tenía relaciones con el empresario Carlos Augusto Ramos, conocido como Carlinhos Cachoeira, a quien habría incluso beneficiado en licitaciones de obras públicas en Brasilia.

En esos últimos casos, se trata de contratos otorgados a la empresa Delta, que actúa sobre todo en el área de construcción y que está investigada como presunta fachada de la mafia de Cachoeira, que la utilizaría para blanquear el dinero del juego ilegal.

Queiroz admitió que se reunió "una vez" con el supuesto capo y negó que Delta hubiera sido favorecida en licitaciones, aunque reconoció que los valores de los contratos que tenía esa empresa, ya cancelados, habían sido aumentados por razones "técnicas".

Tal como este martes, cuando compareció en la misma situación el gobernador del vecino estado de Goias, Marconi Perillo, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), la mayor parte de las casi ocho horas que duró la sesión se perdió en embates entre el oficialismo y sus adversarios.

También, como ocurrió el martes, los parlamentarios del PSDB y del resto de la oposición aseguraron que Queiroz no despejó todas las interrogantes sobre sus vínculos con las mafias del juego, mientras que el oficialismo se dijo satisfecho con sus respuestas.

La implicación de estos dos gobernadores en el caso ha enardecido los ánimos en el Parlamento y agudizado las habituales diferencias entre la oposición y el oficialismo.

Por este mismo asunto, el senador opositor Demóstenes Torres es objeto de un juicio con miras a la pérdida de su mandato, basado en las estrechas relaciones personales que mantenía con Cachoeira.

Torres ya se presentó ante la comisión del Congreso, hace dos semanas, y se negó a declarar, con lo cual se desató un principio de trifulca entre parlamentarios que obligó a suspender la sesión.