Una organización ligada a la iglesia católica denunció el miércoles un incremento en los daños ambientales provocado por la invasión de territorios indígenas brasileños.

El informe de 2011 del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), sobre la violencia contra los pueblos autóctonos, dio cuenta de que en ese año se produjeron 42 invasiones con exploración ilegal de recursos ambientales de tierras indígenas. La cifra supera los 33 casos registrados en 2010.

Una de las comunidades más afectadas por la falta de demarcación es la guaraní-kaiowá, en el estado occidental de mato Grosso do Sul, donde se han registrado 555 suicidios entre 2000 y 2011, según el CIMI.

"Los datos presentados en este informe revelan las agresiones a la dignidad humana de los pueblos indígenas en todo Brasil, su aflicción y sufrimientos", comentó el sacerdote católico Erwin Krautler, presidente del CIMI.

Krautler, obispo de la región amazónica del río Xingú, ha sido uno de los mayores críticos de la construcción de la represa hidroeléctrica de Belo Monte, sobre ese afluente, por considerar que amenaza a los pobladores indígenas. El gobierno asegura que el proyecto en construcción no afectará a las comunidades locales.

Proyectos de infraestructura y la deforestación causada por madereros y personas que buscan apropiarse de las tierras figuran entre las principales causas del daño ambiental en los territorios indígenas.

El tema había sido planteado recientemente en un informe de Amnistía Internacional, que dio cuenta de la violación de territorios indígenas por la expansión de la frontera agrícola, con consecuencias de destrucción ambiental y riesgo social para las comunidades.

El CIMI acusó al gobierno brasileño de lentitud en la demarcación de territorios indígenas, lo cual los expone a acciones de depredación ambiental.

En 2011, el gobierno de la presidenta demarcó únicamente tres territorios indígenas, lo que el CIMI calificó como el peor resultado para un primer año de mandato desde el restablecimiento democrático en 1985.

La Fundación Nacional del Indio (FUNAI), entidad gubernamental responsable de la política indigenista, ha dicho que la demarcación de territorios de pobladores autóctono ha avanzado más lentamente de lo deseado a causa de acciones judiciales interpuestas por personas que pretenden ocupar esas tierras.

CIMI destacó que 342 territorios indígenas permanecieron en 2011 sin ninguna acción del gobierno para atribuirla a las poblaciones originarias, lo que equivale a casi un tercio del total de 1.046 territorios indígenas del país. Ello dejó a las comunidades expuestas a la acción de madereros y otros invasores, según el CIMI.

El documento destacó que los indígenas brasileños enfrentan diversos tipos de violencia, desde amenazas hasta asesinatos, con un promedio de 55 muertos por año entre 2003 y 2011.