La gobernadora de Arizona ordenó el martes al consejo estatal distribuir un video de entrenamiento sobre aspectos incluidos en la controversial ley migratoria del estado a todas las agencias de aplicación de la ley.

La medida se anticipa a un esperado fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos este mes sobre la ley, que fue firmada por la gobernadora Jan Brewer en 2010.

Brewer dijo en un comunicado emitido el martes que desea garantizar que las fuerzas policiales estén listas para aplicar la ley SB1070 en caso de que la corte la ratifique.

Brewer solicitó a la Comisión de Normas y Adiestramiento de Agentes del Orden en Arizona que redistribuya entre todas las corporaciones policiales el video de capacitación sobre la ley estatal de inmigración.

Los puntos de la ley que no han entrado en vigencia por disposición judicial incluyen el aspecto que obliga a la policía a preguntar a un detenido su condición migratoria si el agente tiene una sospecha razonable de que se encuentra sin autorización en el país.

El video de capacitación abarca los factores que constituyen la sospecha razonable de que alguien se encuentra ilegalmente en el país como registro de vehículo extranjero, idioma y comportamiento.

También incluye tipos de identificación que deben poner fin de inmediato a la sospecha que tenga el agente sobre la condición migratoria del detenido.

El caso fue discutido ante el máximo tribunal en abril, y se espera un fallo para finales de junio. Basados parcialmente en los cuestionamientos escépticos planteado por los magistrados durante la audiencia, los expertos legales dicen que es muy probable que la corte ratifique los requisitos de Arizona para que los agentes de la policía corroboren el estado migratorio de quienes son detenidos por otros motivos; esa disposición fue frenada por un juez en julio de 2010 y hasta ahora no ha entrado en efecto. Las secciones menos controversiales de la ley fueron aceptadas.

Una decisión a favor de Arizona podría despejar el camino para que otros estados impongan requisitos de revisión de situación migratoria y creen una posibilidad de que los estados asuman un papel mayor en el cumplimiento de las leyes migratorias después de mantenerse fuera durante décadas y permitir que el gobierno federal lo manejara por su cuenta

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