Un juez de EE.UU. recomendó hoy aceptar la moción de la petrolera Chevron para que se divulgue la información de ocho cuentas bancarias de los demandantes en un caso ambiental contra esa empresa, que los acusa de efectuar pagos ilegales a un perito independiente.

El magistrado William Turnoff, de un tribunal federal de Miami, emitió este martes su recomendación de 29 páginas en torno a la solicitud de Chevron de que se ordene al Banco Pichincha de Ecuador, con filial en Florida, entregar la información solicitada.

Turnoff dijo en su recomendación a otro juez que la información "es relevante" para ambos procedimientos en vista del historial del litigio y las pruebas y documentos presentados.

Chevron ha pedido esos datos para usarlos en juicios que sigue contra los abogados de los demandantes en Estados Unidos y en un proceso ante el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya.

"Recomiendo que la moción sea concedida y que se le permita a Chevron emitir una citación por los documentados solicitados (...)", dijo el juez federal luego de analizar los argumentos presentados por las partes en una vista judicial que se llevó a cabo el pasado 4 de mayo en Miami.

La solicitud está relacionada con el litigio de Lago Agrio (Ecuador), uno de los mayores casos judiciales sobre el medio ambiente de la historia, referido al daño ocasionado entre 1964 y 1990 por Texaco, que fue adquirida posteriormente por Chevron.

La empresa sostiene que el dinero que los demandantes entregaron al perito independiente Richard Cabrera compró "su complicidad", pues asevera que el informe que lleva su nombre en realidad lo escribieron los demandantes.

En 2008 Cabrera recomendó que la petrolera pagara 27.000 millones de dólares por la supuesta contaminación provocada en la Amazonía ecuatoriana.

Chevron, según dijo uno de sus portavoces en mayo pasado, busca "pruebas del Banco Pichincha relacionadas con cuentas específicas que están ligadas al fraude y corrupción de los demandantes. Entre ellas figura una cuenta que los representantes de los demandantes denominaron 'secreta'".

La petrolera argumenta que los demandantes pagaron 100.000 dólares a Cabrera a través de "cuentas secretas", además de otros 260.000 dólares "camuflados" como honorarios "por trabajos que no realizó".

El abogado de los querellantes, Pablo Fajardo, ha declarado en Ecuador que "no hay ninguna cuenta secreta" y que como los demandantes pidieron a una corte de ese país la realización del peritaje, según la ley ecuatoriana ellos tenían que pagar esos gastos.

Desde el inicio de esta parte del proceso judicial, la compañía ha dejado claro que no está acusando de ninguna ilegalidad al banco.

La empresa tiene en su poder mensajes por correo electrónico de los abogados de los demandantes, que obtuvo mediante un proceso judicial en Estados Unidos, que contienen información sobre pagar los gastos de oficina de Cabrera y de técnicos, personal y laboratorios.

En otro mensaje, los abogados plantearon que los demandantes contrataran a una persona vinculada con ellos como asistente del perito.