Una sala judicial peruana anuló hoy la orden de detención dictada el pasado 30 de mayo contra el alcalde de la provincia de Espinar, Óscar Mollohuanca, por encabezar las protestas contra la minera suiza Xstrata, informó el ministro de Justicia, Juan Jiménez.

El ministro dijo a Canal N que la Sala Penal de Apelaciones de la ciudad de Ica, a donde se derivaron las acusaciones contra Mollohuanca por disturbios y daños a la propiedad pública, resolvió hoy la nulidad de la orden de detención.

Las protestas contra la minera Xstrata, que explota el yacimiento de cobre de Tintaya en la región Cuzco, derivaron en un violento enfrentamiento con la policía que dejaron dos muertos y alrededor de 70 policías heridos, además de establecimientos y vehículos quemados.

Varias organizaciones sociales de Espinar, apoyadas por Mollohuanca, rechazan la contaminación medioambiental y pedían a la minera incrementar su aporte voluntario a la localidad de 3 a 30 %.

Jiménez explicó que la nulidad responde a una aparente irregularidad al momento de determinar la participación de Mollohuanca en los delitos, y agregó que una nueva audiencia judicial tendrá que señalar si es autor, como se señaló inicialmente, o instigador de los mismos.

El ministro de Justicia dijo haber sido notificado hoy por la Procuraduría de Orden Interno de esta resolución y añadió que Mollohuanca va a recuperar su libertad y podrá regresar a Espinar, tras estar recluido en los últimos 12 días en el penal de Cachiche, ubicado en la región de Ica.

Jiménez confió en que la Procuraduría pueda incorporar los elementos probatorios que acrediten la participación de Mollohuanca en los delitos señalados durante la nueva audiencia, que estará a cargo de otro magistrado.

El abogado Carlos Rivera, que asumió hoy la defensa de Mollohuanca, había advertido horas antes de que el caso tenía "serios problemas de construcción" porque el burgomaestre no era autor de los delitos atribuidos en su contra sino probablemente instigador, con lo cual no se justificaba su detención.

En rueda de prensa con corresponsales extranjeros, Rivera dijo que en este caso "la imparcialidad ha sido rota por el fiscal y el juez", por una presunta interferencia del Ejecutivo en este conflicto social.

El especialista en casos de derechos humanos agregó que el Gobierno del presidente Ollanta Humala busca instrumentalizar el sistema de justicia para realizar "detenciones selectivas" con el objeto de "golpear a las cabezas de quienes consideran dirigen las protestas".

La detención de Mollohuanca pretendía establecer su responsabilidad en las lesiones causadas a los policías y los destrozos materiales, pero "no hay nada sobre las muertes en Espinar, pues nadie ha logrado identificar cómo ocurrieron", agregó Rivera.