Human Rights Watch (HRW) instó hoy al Senado de Colombia a que corrija las "graves falencias" del Marco Jurídico para la Paz, proyecto que plantea las bases jurídicas para una salida negociada al conflicto armado, con el fin de evitar impunidad y una "amnistía encubierta" para autores de delitos graves.

En la víspera de que el Senado colombiano realice el octavo y último debate sobre el proyecto de ley, la organización defensora de los derechos humanos HRW dijo en un comunicado que se deben corregir "las graves falencias que presenta la propuesta".

El llamado Marco Jurídico para la Paz, que implica una reforma constitucional, está dirigido principalmente a las guerrillas de las FARC y ELN, pero también a los agentes del Estado colombiano que hayan cometido crímenes, quienes serían sometidos a una instancia jurídica especial.

"El Marco Jurídico para la Paz no es otra cosa que una amnistía encubierta. Las víctimas colombianas no tardarán en comprobarlo cuando vean que sus victimarios quedan libres sin siquiera haber cumplido un sólo día en prisión", advirtió la ONG.

Agregó que si el Senado hace caso omiso a esta advertencia y no corrige los "tres problemas fundamentales" de la última versión del proyecto jurídico, estaría abriendo las puertas a una posible investigación por parte de la Corte Penal Internacional (CPI).

La CPI "está observando" de cerca la situación en Colombia y "deberá investigar al país si determina que éste no está dispuesto a juzgar crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad o no puede realmente hacerlo", enfatizó HRW.

Aunque la versión que salga del Senado tendrá que ser armonizada con la que ya aprobó la Cámara de Representantes, HRW insistió en que sería contraproducente adoptar una norma "que exime de la prisión a quienes tienen mayor responsabilidad por los crímenes más graves".

Eso "transmitiría el claro mensaje de que el Gobierno colombiano no está dispuesto a avanzar en las iniciativas de justicia, y por consiguiente, podría abrir la puerta a una investigación de la CPI", insistió.

HRW señaló que aún con los cambios realizados el pasado 4 de junio, el proyecto legislativo contiene, a su juicio, tres problemas fundamentales, incluyendo el permitir "al Congreso suspender la ejecución de penas dictadas contra guerrilleros, paramilitares o militares condenados por crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad"

Eso, según el comunicado de HRW, significa que el Congreso colombiano podrá garantizar que altos comandantes del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) condenados por atrocidades "no cumplan ni un sólo día en prisión".

El segundo problema delineado por la organización es que la reforma limita el juicio por atrocidades a quienes se consideren sus "máximos responsables" y, por consiguiente, las autoridades podrían eximir de culpa "a innumerables guerrilleros y paramilitares responsables por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad".

El tercer problema con esta versión de la ley, continuó la organización humanitaria, es que también los militares implicados en "delitos aberrantes", incluyendo las ejecuciones extrajudiciales conocidas como "falsos positivos", podrían beneficiarse a través de la renuncia a la persecución penal o la suspensión de las penas.

El senador oficialista y ponente de la controvertida norma, Roy Barreras, ha dicho que el proyecto no contempla indultos ni amnistías, aspectos que preocupan a los críticos.

Pero también ha dejado claro que bajo el nuevo escenario jurídico los guerrilleros no encontrarían "una escena de cárcel y justicia plena porque entonces no se desmovilizarían".

Lo que se va ofrecer es "una oferta de justicia alternativa, en la que los máximos responsables de los crímenes serán investigados y sancionados, mientras que el resto podrán desmovilizarse y reintegrarse socialmente", ha explicado Barreras.