El abogado venezolano José Amalio Graterol, quien lleva el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, obtuvo hoy la libertad bajo fianza después de pasar ocho días en prisión por supuesta obstrucción a la Justicia.

"Con sorpresa vimos que el tribunal tuvo celeridad", dijo a Efe la abogada de Graterol, Thelma Fernández, quien aclaró que aunque celebra la liberación, la defensa lamenta que el letrado haya sido sometido a este proceso y anunció que próximamente se iniciarán los trámites para apelar la decisión de enjuiciarlo.

Graterol se encontraba detenido desde el pasado día 4 acusado de obstrucción a la Justicia al negarse a comenzar una vista sin la presencia del imputado, su defendido, al alegar que no está permitido la realización de un juicio en ausencia.

Para liberar a Graterol, el pasado viernes el tribunal que lleva su caso impuso al acusado una fianza personal que consiste en que dos personas con salarios mensuales equivalentes a los 4.000 dólares se comprometieran a servir al abogado de "fiadores" o respaldo financiero.

La defensa de Graterol introdujo ayer ante el tribunal todos los requisitos correspondientes a la fianza personal y hoy consiguió su liberación.

"Estamos alegres porque lo liberaron, pero no estamos de acuerdo con lo que pasó (...) es muy lamentable la decisión", reiteró Fernández quien recordó que aún se mantienen otras medidas contra el abogado como prohibición de salida del país o hablar con los medios de comunicación.

Fernández manifestó que el proceso judicial que se activó contra Graterol crea un precedente "terrible" para el sistema de justicia de Venezuela pues, a su juicio, con esta acusación se está criminalizando la actividad de los abogados en el país.

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) expresó el pasado miércoles pasado su preocupación por el arresto de Graterol hecho que esta organización consideró como "el episodio más reciente de una serie de vulneraciones a los principios fundamentales del Estado de derecho" en Venezuela.

Graterol es uno de los defensores de la jueza María Lourdes Afiuni, detenida en diciembre de 2009 por haber presuntamente facilitado la huida del empresario Eligio Cedeño, procesado por efectuar operaciones cambiarias ilegales.

Desde febrero de 2010 Afiuni se encuentra en régimen de reclusión domiciliaria, con prohibición de hacer declaraciones a la prensa, en un caso en el que organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial.