El vicepresidente de Bolivia Alvaro García calificó el martes de desacertada la decisión de Brasil de conceder asilo político al jefe de la oposición en el Senado Róger Pinto.

"Es una decisión desatinada que asumió el gobierno de Brasil al otorgar asilo a una persona que está acusada no por sus ideas sino por delitos", dijo García en rueda de prensa en ausencia del presidente Evo Morales, quien se encuentra de gira en Europa.

Es la primera declaración del gobierno boliviano desde que Brasilia publicara su aceptación al pedido de Pinto en un comunicado de prensa difundido el viernes.

Pinto alegó persecución desde el gobierno cuando ingresó a la embajada de Brasil en La Paz 15 días atrás, pero García sostuvo que el legislador está acusado "por haber robado al Estado y por uso corrupto de bienes públicos".

El vicepresidente también confirmó que retirará la demanda que inició por desacato tras ser calumniado por Pinto y en su condición de jefe del Legislativo anunció que propiciará la reforma de esa figura penal.

"Abriremos el debate para eliminar el desacato pero debemos debatir también qué haremos con personas (de oposición) que, a falta de ideas, acusan y mienten", dijo.

El desacato es un delito penal castigado hasta con dos años de cárcel y se aplica cuando un funcionario público es calumniado o difamado en el ejercicio de sus funciones.

Pinto tiene una veintena de procesos iniciados en el actual gobierno por supuesto daño económico cuando fue gobernador (2002), cuatro de ellos son por desacato.

Incluso la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió al Legislativo suprimir el desacato después de observar que esa figura era utilizada para plantear demandas contra opositores.

Con Pinto son nueve los políticos opositores que lograron refugio en países vecinos alegando persecución política, pero el gobierno ha dicho que se trata de ex funcionarios que tienen cuentas pendientes con la justicia.