Un año después de haber sancionado la llamada "Ley de Víctimas", el presidente Juan Manuel Santos entregó el sábado las primeras indemnizaciones en dinero a un grupo grande de personas afectadas por la violencia.

"Reparar a las víctimas es sanar nuestras heridas que hemos venido acumulando en casi 50 años de guerra", aseguró el mandatario en un acto público celebrado en Medellín, capital del departamento de Antioquia y a unos 250 kilómetros al noroeste de Bogotá.

Dijo que el acto de entrega de las primeras 1.200 indemnizaciones en dinero se realizó en Antioquia porque el departamento es "pionero en el acompañamiento a víctimas y en los procesos de retorno" de los campesinos a sus tierras. Agregó que es el departamento que tiene el número más alto de solicitudes de reparación integral por las secuelas del conflicto, un total de 2.000.

Para el mandatario, la reparación a las víctimas "es algo que el país necesita (y) es algo justo... Cualquier persona que se interponga a ella con procedimientos por fuera de la ley, recibirá el peso de la ley", señaló.

El jefe de Estado les entregó personalmente la indemnización a cinco mujeres, entre las cuales se encontraba Paola Andrea Montoya, quien recibió 11 millones de pesos (unos 6.200 dólares) como pago por el asesinato hace 13 años de su esposo. "No es mucho, pero algo es algo", dijo en diálogo con la AP. Explicó que su cónyuge fue asesinado por paramilitares en 1999 en un popular barrio de Medellín.

Posteriormente Montoya habló en público y le dijo a Santos que la muerte de su esposo había cambiado su vida. La mujer de 34 años sostuvo que "a veces las cosas malas nos traen cosas positivas y una de ellas es que me vinculé a un programa de capacitación especial para víctimas y allí aprendí a realizar manualidades".

Montoya agregó que tiene tres metas en su vida: ser una reconocida diseñadora de modas, que su hija sea profesional y tener una casa grande.

También estaba en el acto con el mandatario Senovia Gutiérrez, quien dijo que 11 millones de pesos era muy poco como indemnización por el asesinato de su hijo a manos de paramilitares en 2001, pero señaló que "es mejor tener algo que no tener nada".

Legisladores y funcionarios del gobierno que impulsaron la aprobación de la Ley de Víctimas han dicho que la norma tendrá una vigencia de 10 años y puede prorrogarse o sufrir modificaciones al final de ese tiempo. Santos sancionó la Ley de Víctimas el 10 de junio de 2011.

Víctimas de la violencia y despojo de tierras, sin embargo, ya vienen recibiendo indemnizaciones y títulos de sus tierras desde hace al menos dos años en virtud de decretos con fuerza de ley, pero ahora la nueva norma que entró en vigencia el sábado, une todos esos textos y amplía su cobertura.

Los cálculos sobre cuántas personas serán beneficiadas por la ley, al menos cuatro millones, se basan en información suministrada por colombianos que se han inscrito en los últimos años ante el registro de víctimas y desplazados que tiene el gobierno.

El costo de la ley varía según el número de personas que se inscriban, pero según el propio Santos se estima que en 10 años se invertirá en las víctimas del conflicto colombiano unos 55 billones de pesos o unos 30.970 millones de dólares.

La ley no sólo contempla entregar indemnizaciones sino también devolver y titular tierras a sus legítimos dueños y a quienes se las robaron o las abandonaron por la acción de los grupos armados ilegales en las últimas décadas.