La Cruzada Civilista, que fue fundada en Panamá en 1987 para hacer frente a la dictadura de Manuel Antonio Noriega (1983-1989), celebró hoy sus 25 años vigilante sobre el futuro del exmilitar y sobre el gobierno de Ricardo Martinelli, al que acusan de no gobernar "de forma democrática".

Líderes empresariales y representantes de diversos sectores del país se reunieron hoy en la sede de la Cámara de Comercio e Industria, cuna de ese movimiento pacifista, para recordar su fundación hace 25 años, repasar su legado y analizar la actualidad política de Panamá.

El empresario Aurelio Barría, uno de los fundadores de la Cruzada Civilista, pidió a los panameños que defiendan el sistema de libertades de la amenaza que considera que representa Martinelli porque, dijo, aunque "fue democráticamente electo, no gobierna de forma democrática".

En declaraciones a Efe, Barría señaló que el presidente "controla" el Legislativo y la Corte Suprema de Justicia, lo que podría utilizar para buscar vericuetos legales que le permitan repetir en el cargo después del 2014, algo que tiene vedado constitucionalmente al menos de momento, o favorecer al candidato de su partido Cambio Democrático (CD).

La Cruzada Civilista ha tenido varias actuaciones en los últimos años, ya que en diciembre de 2010 integrantes de ese movimiento se manifestaron en las calles para exigir a Martinelli "respeto por la Constitución" y para denunciar sus supuestas maniobras para controlar los poderes Legislativo y Judicial y acallar a la prensa.

El Gobierno niega esas denuncias y Martinelli ha insistido en varias oportunidades en que no tiene intenciones de buscar vías para repetir en el cargo, aunque sí promueve que su partido, que es mayoría parlamentaria, se mantenga en el Gobierno a partir de 2014.

Por otra parte, la Cruzada Civilista apareció también en diciembre pasado con motivo del regreso del exdictador Noriega a este país, después de cumplir 21 años de prisión en Estados Unidos y Francia por narcotráfico y lavado de dinero.

Con una manifestación el movimiento civilista rechazó que al exmilitar, condenado a 60 años de cárcel en Panamá, se le conceda el beneficio del arresto domiciliario, dado que a sus 78 años presenta una salud "complicada", según sus familiares, médicos y abogados.