El gobierno de México anunció un nuevo programa de protección para cualquier persona que pueda verse en riesgo por participar en un proceso penal sobre crimen organizado o delitos graves, y entre cuyas medidas se considera el cambio de identidad.

El Ejecutivo divulgó el viernes un decreto por el que expide la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal, por el cual se pondrá en marcha un inédito plan de protección a testigos.

Al programa de protección podrán acogerse víctimas, ofendidos, testigos, peritos, policías, jueces e incluso familiares de una persona que haya colaborado o participado en un proceso penal que pudieran verse en riesgo.

El programa será dirigido por un centro federal de protección a personas, cuyo titular será nombrado y removido por el presidente.

La ley entrará en vigor en 180 días, plazo en el que se desarrollarán protocolos y los instrumentos específicos.

El programa considera la aplicación de varios tipos de medidas, desde de asistencia psicológica hasta de seguridad, como custodia policial, alojamiento, reubicación de domicilio y trabajo, hasta el cambio de identidad si se considera necesario.

"En los casos que así se justifiquen, previo acuerdo del Procurador, se podrá otorgar, con base en las circunstancias del caso, la autorización para que ante las autoridades competentes se gestione una nueva identidad de la persona protegida, dotándolo de la documentación soporte", señala la nueva norma.

Eduardo Guerrero, consultor privado en materia de seguridad, mostró cautela sobre la eficacia de la aplicación de la medida, entre otras cosas porque dependerá de la Procuraduría General de la República, una institución que --según una investigación federal de 2008-- fue infiltrada por el narcotráfico y alcanzó incluso a quien fuera el zar antidrogas.

"Esto es como una columna central para luchar de manera eficaz contra el crimen organizado", dijo el experto a The Associated Press y refirió que, por ejemplo, el éxito que ha tenido Italia en la materia es atribuido en buena medida a su programa de testigos protegidos.

"La idea sí es muy buena, pero ahora hay que implementarla como se implementa en el primer mundo, y yo no estoy seguro que México, en la situación en que está ahorita, sobre todo la Procuraduría, pueda implementarla bien", añadió Guerrero.

Hasta ahora sólo había un programa federal denominado de "testigos colaboradores", al cual sólo podían acogerse presuntos delincuentes y no se contemplaba el cambio de identidad.

A finales de 2009 se reportó la muerte de dos testigos colaboradores en casos de narcotráfico, lo cual llevó a la Procuraduría General de la República a anunciar que revisaría el programa.

En noviembre de 2009 murió dentro de una casa de seguridad Jesús Zambada Reyes, sobrino de Ismael "El Mayo" Zambada, uno de los supuestos líderes del cartel de las drogas de Sinaloa. El hombre, que era testigo colaborador, fue encontrado colgado con un cordón para zapatos en lo que la autoridad dijo habría sido un suicidio.

Unas semanas después, desconocidos asesinaron a tiros en un café de la capital mexicana a Edgar Enrique Bayardo, un ex inspector de la Policía Federal, quien se había convertido en testigo tras ser detenido un año antes por presuntamente brindar protección al cartel de Sinaloa.

Bayardo era uno de los testigos de la llamada "Operación Limpieza", una investigación que reveló la infiltración del narcotráfico en instituciones federales de seguridad y que llevó a la detención desde 2008 de agentes y mandos por presuntamente dar información confidencial a carteles de las drogas a cambio de miles de dólares.

Diversas zonas de México han sido afectadas en los últimos años por una ola de violencia atribuida al narcotráfico y el crimen organizado que ha dejado más de 47.500 muertos.

Además del despliegue de militares y policías para combatir el flagelo, el gobierno ha promovido diversas leyes con las cuales busca fortalecer los mecanismos para enfrentar a los carteles de las drogas.

En el nuevo programa podrán incorporarse los "testigos colaboradores", pero también víctimas y autoridades.

La ley señala que durante los procesos penales, se puede solicitar otras medidas de protección como que no aparezca su nombre en las actas legales, usar métodos para evitar que sea identificado de manera visual o auditiva durante una audiencia y su participación a distancia.

Guerrero dijo que si México logra una buena implementación, el programa podría darle al gobierno información valiosa para generar inteligencia y desarticular a los carteles de las drogas.

"Nuestros testigos colaboradores estaban haciéndolo muy bien en Estados Unidos, y por eso Estados Unidos tiene hoy una mejor inteligencia, mas información sobre los carteles mexicanos que el propio gobierno mexicano", añadió.

Algunos presuntos criminales mexicanos se han vuelto testigos protegidos de las autoridades estadounidenses y han servido para iniciar procesos contra otros sospechosos.

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E. Eduardo Castillo está en Twitter como: http://twitter.com/EECastilloAP