La Fiscal General Luisa Ortega negó el jueves que el arresto de un abogado, acusado de obstruir la justicia, esté vinculado a su labor como defensor de una jueza detenida, caso que ha sido duramente criticado por organizaciones de derechos humanos.

La fiscal señaló que el abogado José Amalio Graterol fue detenido "porque pretendía evitar la condena" de Leonardo Colmenares, otro de sus defendidos, quien fue condenado a casi 30 años de cárcel por el homicidio de su esposa.

El abogado Graterol ha señalado que su caso es "una retaliación" por su defensa de la jueza María Lourdes Afiuni, enjuiciada por presunta corrupción. El caso Afiuni ha pasado a ser visto como un símbolo por los opositores al presidente Hugo Chávez, a quien acusan de ejercer una influencia indebida en el sistema judicial.

Afiuni molestó a Chávez cuando la jueza liberó a un banquero acusado de desobedecer los controles cambiarios del país.

El abogado Graterol fue detenido el 4 de mayo luego de rechazar que se reanudase el juicio sin la presencia de Colmenares, quien se negaba a asistir al tribunal.

"La juez Yelitza Domínguez hizo caso omiso del planteamiento de Graterol y dijo que realizaría el juicio sin el imputado y sin uno de los abogados de la defensa", dijo la abogada Thelma Fernández, quien forma parte del equipo de abogados de la jueza Afiuni.

Los abogados de Afiuni sostienen que la jueza es una "presa política". Desde febrero de 2011 se encuentra bajo arresto domiciliario tras pasar más de un año en una cárcel de mujeres a la espera de juicio.

Fue detenida a finales de 2009 por ordenar la libertad provisional del banquero Eligio Cedeño, que estuvo encarcelado por casi tres años a la espera de un juicio por un caso de entrega irregular de dólares a una empresa de computación. Al salir en libertad provisional el 10 de diciembre del 2009 huyó del país y pidió asilo en Estados Unidos.

Tras la detención de la jueza, Chávez la criticó públicamente, a la que llamó "bandida", y exigió "dureza" contra ella para atacar la corrupción. Sus abogados sostienen que las autoridades no han presentado pruebas de corrupción contra la magistrada.

Organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional se han pronunciado a favor de Afiuni y exigen el respeto de sus derechos humanos y un debido proceso.