El Grupo Promotor (GP) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) de El Salvador pidió hoy la intervención de relatores de la ONU y la OEA porque el Gobierno aún no ha creado su organismo rector, entre otros obstáculos para la aplicación de esa normativa.

El GP pidió en sendas cartas a los relatores de Libertad de Expresión de la ONU y de la Organización de Estados Americanos (OEA) gestionar "por la vía diplomática con las instituciones del Estado salvadoreño, a fin de que cesen los obstáculos al funcionamiento integral de la LTAIP".

Las cartas han sido dirigidas a los relatores Frank La Rue (ONU) y Catalina Botero (OEA), agrega en un comunicado el GP, formado por gremios empresariales, universidades y otras organizaciones civiles.

La LTAIP comenzó a implementarse en mayo pasado, pero el Gobierno no ha creado el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

En las cartas a los relatores, el GP expresa su "preocupación ante la decisión del presidente (...), Mauricio Funes, de rechazar las diversas ternas de candidatos a constituir el nuevo IAIP, ente rector contemplado en la recientemente aprobada (ley), decisión tomada por el mandatario de manera inconsulta".

"El listado con 30 candidatos para comisionados propietarios y suplentes del IAIP fue recibido por (Funes) el 2 de febrero de 2012, concediéndole la ley un plazo de 30 días para hacer su selección, plazo que vencía el 5 de marzo de 2012. Dicho período concluyó sin que se hubiese nombrado a los comisionados", explica.

Fue "más de dos meses después que el presidente (...) optó por rechazar la totalidad de las ternas aduciendo falta de idoneidad de los candidatos, pero sin hacer una justificación de esta calificación", agrega.

Funes ha dicho en varias ocasiones a la prensa que no ha creado el IAIP porque el Parlamento no le asignó presupuesto y que rechazó los candidatos porque no los consideraba idóneos.

El GP sostiene que, si bien la ley entró en plena vigencia el 8 de mayo pasado, "el derecho de acceso a la información pública no es una realidad" en el país, debido a que "no se ha creado una partida presupuestaria" para el funcionamiento del ente rector, "a pesar de que es una obligación legal expresa".

El subsecretario de Transparencia de la Presidencia de El Salvador, Marcos Rodríguez, dijo recientemente que el Gobierno está "cumpliendo efectivamente con la implementación de la Ley de Acceso a la Información".

Actualmente el país cuenta con 73 oficinas de información y respuesta, una en cada órgano del Ejecutivo y en otras instituciones públicas, según Rodríguez.

La ley, aprobada el 2 de diciembre de 2010, está vigente desde hace un año, pero ese período fue de preparación y a partir del 8 de mayo comenzó a aplicarse "formalmente", explicó recientemente a Efe Juan Carlos Sánchez, coordinador del programa de Transparencia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho.