"Quien siembra vientos recoge tempestades", dice un refrán que retrata la situación política actual del presidente peruano Ollanta Humala.

Tanto en 2006 como en 2011, el entonces candidato presidencial Humala promovió como bandera electoral la defensa del agua y los recursos naturales, y el rechazo a los proyectos mineros. Alentó el resentimiento de las poblaciones pobres y rurales hacia las empresas mineras, a las que acusó de enriquecerse a costa de contaminar el medio ambiente.

-"¿Qué es más importante el agua o el oro?", dijo en el fragor de la campaña el candidato en la región andina de Cajamarca.

-"El agua", respondió a viva voz un emocionado auditorio compuesto por un campesinado activo y deliberante.

Ahora, Humala, un ex teniente coronel del ejército, se encuentra cercado por las protestas antimineras de miles de campesinos que lo acusan de traidor, de haber olvidado sus ideales y de haberse vendido a los intereses de los grandes capitales.

Las protestas han sido encabezadas por las autoridades regionales e incluso han insinuado que el presidente podría afrontar el mismo destino de los mandatarios depuestos en Ecuador. A ellos se han sumado algunos de los políticos de la alianza que lo llevó al poder, que renunciaron a ella, y que podrían comprometer su gobernabilidad en el Congreso.

Humala fue elegido bajo un programa económico ecléctico, que prometía un cambio de fondo al modelo económico de corte neoliberal pero sin comprometer el crecimiento económico del país que, precisa e irónicamente, se ha basado en dicho modelo en los últimos años.

"No es a los campesinos que hay que reclamarles por seguir defendiendo lo que vienen defendiendo desde siempre, sino al presidente Humala por haber cambiado, por haber dicho una cosa durante la campaña, y hacer otra", dijo el analista político Nelson Manrique a The Associated Press. "Votaron por él (Humala) porque prometía que iba a proteger sus intereses... y ha dado un viraje... Básicamente es ese campesinado que en este momento está movilizado".

Las movilizaciones y protestas iniciaron a los pocos meses de que Humala estuviera en el gobierno.

En la provincia andina de Espinar, en la región de Cusco, unos 8.000 campesinos intentaron tomar los campamentos mineros de la empresa suiza Xstrata, que explota cobre y planea expandir sus operaciones este año.

La respuesta de Humala fue declarar el estado de emergencia por 30 días, cuyo carácter draconiano autoriza la suspensión temporal de derechos fundamentales como la libertad de locomoción y de reunión y a las autoridades la potestad de detener a quien intente ejercer estas garantías.

Humala también envió contingentes de policías a la zona, donde previamente se habían presentado violentos choques que dejaron dos personas muertas y decenas de policías heridos.

En lo que va de este gobierno, que cumplirá recién su primer año de gestión a fines de julio, ya se contabilizan 12 muertos en protestas sociales.

Los campesinos de Espinar culpan a Xstrata de contaminar el agua y basan sus acusaciones en un informe del ministerio de Salud, que reveló la presencia de mercurio en fuentes de agua de siete comunidades campesinas de la zona.

Pero el ministerio dijo que no se puede afirmar que el origen de esa contaminación sea la explotación del cobre.

En Cajamarca, al norte del país, cientos de campesinos se rebelaron en noviembre contra un ambicioso proyecto minero llamado Conga, de la compañía estadounidense Newmont, que implica una inversión de 4.800 millones de dólares y que cuatro lagunas sean drenadas. Dos de ellas serían utilizadas como depósito de relaves mineros.

La respuesta de Humala fue la misma: decretó el estado de emergencia el 5 de diciembre, que fue derogado sin mayores incidentes diez días después.

Algunas marchas siguieron y la comunidad dio plazo al gobierno hasta mayo para que declarara el proyecto minero inviable. El gobierno no lo hizo y el campesinado, alentado también por autoridades locales, se declaró en paro y organizó protestas.

"(Humala) nos dijo que iba a poner orden en las transnacionales, que iba a haber revisión de los contratos... que se multarían a las empresas que han contaminado y envenenado el ambiente", dijo el martes Gregorio Santos, presidente regional de Cajamarca en un mitin en la plaza principal de la ciudad.

También recordó, en un mensaje velado al gobierno, que la comunidad indígena de Ecuador "sacó" a los presidentes Lucio Gutiérrez, Jamil Mahuad, y Abdalá Bucaram, "porque les mintió".

Ahora Santos está siendo investigado por apología del delito de rebelión, y Oscar Mollohuanca, alcalde de Espinar, se encuentra recluido en un penal de la región Ica acusado de incitar a la violencia.

El alcalde había hablado en favor del paro y, según las autoridades, encontraron bombas molotov en una camioneta municipal. Los campesinos lo consideran un líder de su rebelión.

"Nosotros privilegiamos el diálogo pero también debemos actuar con firmeza para defender al estado", dijo del presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdés, un ex coronel del ejército nombrado por Humala, al referirse a los estados de emergencia decretados.

A la fecha, no hay encuestas que hayan medido el impacto de las movilizaciones en la popularidad del presidente.

Pero el lunes la congresista oficialista Verónika Mendoza, representante del Cusco, puso en evidencia la decepción que existe entre las filas de la alianza oficialista Gana Perú, que llevó a Humala a la presidencia, al presentar su renuncia irrevocable.

A ella se le sumaron horas después los congresistas Javier Diez Canseco, y Rosa Mavila, representantes del sector izquierdista del partido de gobierno. Y el jueves se les unió también el congresista cusqueño Rubén Coa.

"Nuestra renuncia está claramente motivada porque el gobierno no está llevando a la práctica los compromisos fundamentales que asumimos en el programa de la gran transformación y en la hoja de ruta", dijo Diez Canseco.

"Me dirijo al pueblo peruano y cusqueño... para expresar con pesar mi profunda frustración y decepción por la forma como son conducidos los destinos del país, por la forma como son desatendidas las demandas centrales del pueblo, que el año pasado votó mayoritariamente por una opción de cambio, de gran transformación, que hoy a todas luces no se cumplen", dijo Coa.

"Nuestra renuncia está claramente motivada porque el gobierno no está llevando a la práctica los compromisos fundamentales que asumimos en el programa de la gran transformación y en la hoja de ruta", dijo Diez Canseco. "Me dirijo al pueblo peruano y cusqueño... para expresar con pesar mi profunda frustración y decepción por la forma como son conducidos los destinos del país, por la forma como son desatendidas las demandas centrales del pueblo, que el año pasado votó mayoritariamente por una opción de cambio, de gran transformación, que hoy a todas luces no se cumplen".

El programa de la "gran transformación" fue el que presentó Humala originalmente cuando se postuló a la presidencia el año pasado. Proponía un cambio en el modelo neoliberal para garantizar la inclusión social de los menos favorecidos. Entonces, ganó la primera vuelta con 31% de votos básicamente de los sectores rurales y las clases populares.

Luego, para captar más votos en la segunda vuelta, le anexó un documento que llamó "hoja de ruta" por el que se comprometió a no interrumpir el ciclo de crecimiento económico que ha experimentado Perú en los últimos tiempos, y consiguió que parte las clases medias le apoyaran, mas que por convicción, para evitar que ganara su rival, Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori, quien cerró el Congreso peruano en 1992 y gobernó autoritariamente hasta 2000.

En respuesta a sus críticos y a quienes alientan las protestas contra su gobierno, Humala dijo que el programa de la gran transformación sigue siendo una meta de su gestión.

"La Gran Transformación la vamos a hacer así les guste o no a los extremistas", dijo durante la inauguración de una obra pública en Lima. "La cumpliremos de manera firme, sin sobresaltos, sin miedo, sin violencia".

En la red social Facebook han surgido grupos que tildan de "traidor" a Humala y una de ellas con el nombre de "Ollanta Humala, el pueblo te declara traidor, vende patria", lo caricaturiza con las manos manchadas de sangre.

Hasta Keiko Fujimori, a quien apoyó mayoritariamente el empresariado peruano en las urnas, ironizó en su cuenta de Twitter sobre el viraje del mandatario: "Qué vueltas que da la vida. Ahora el presidente Humala defiende a las empresas mineras".

Manrique dice que es la misma historia que se repite en Perú en las últimas décadas, "que los perdedores en las elecciones terminan gobernando, porque quienes son elegidos terminan asumiendo el programa de aquellos contra quienes se levantaron".

Ocurrió con Fujimori, con Alejandro Toledo (2001-2006) y con Alan García (2006-2011), quienes consiguieron la presidencia prometiendo un cambio a las clases populares, pero terminaron gobernando de la mano de la clase empresarial.

"La razón fundamental es la ausencia de un sistema partidario... y se da un enorme margen de maniobra para los caudillos", dice Manrique. "Creo que la lógica (de éstos) es que en tanto se garantice crecimiento los problemas están resueltos. Pero los problemas de Perú no son específicamente de crecimiento sino de inclusión social".

La mayoría de críticos de Humala responsabiliza de la actitud dura del gobierno a la gestión del Primer Ministro Valdes, quien elogió al gobierno de Fujimori porque tenía "mucho pragmatismo, sentido común y mucho criterio, y eso es lo que necesitamos".

Valdes dice que pese a los conflictos sociales internos y a la crisis económica mundial, Perú sigue teniendo un buen desempeño macroeconómico, lo que se reflejó en un crecimiento de 6% en el primer cuatrimestre del año.