El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó retirar y reemplazar en los casos de urgencia los implantes mamarios franceses PIP con cargo a las empresas comercializadoras, médicos y clínicas que intervinieron en la mamoplastia.

El TSJ publicó hoy una resolución de la Sala Constitucional que "ordena el retiro y reemplazo de las prótesis mamarias, marca PIP" a costa de comercializadoras, médicos cirujanos y clínicas privadas "que intervinieron en la mamoplastia".

La decisión, adoptada ayer, señala que la medida será para aquellos casos en los que "se haya iniciado el proceso de filtración" y cuando "conforme a diagnostico médico se determine que no se pueda esperar" la sentencia definitiva.

Además ordena a los médicos y clínicas privadas realizar de forma gratuita los chequeos o exámenes a quienes se le colocaron los implantes mamarios marca PIP.

El TSJ se pronunció ante una demanda presentada por la Defensoría del Pueblo contra las empresas Galaxia Medica, Multindustrias Médicas Meltimed, Farmacias Locatel y Locatel Servicios y Locatel Franquicia, la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica Reconstructiva, estética y maxilofacial y la Asociación venezolana de clínicas y hospitales.

El presidente de Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), Roberto León, explicó a Efe que esta sentencia supone una "admisión del juicio", proceso que, aseguró, comienza "a partir de ahora" en el Supremo.

Detalló que la Sala Constitucional adoptó "medidas cautelares de emergencia", que, a su juicio, son "muy correctas y muy ajustadas" para las afectadas que tengan ruptura o filtración de las prótesis y requieran atención inmediata.

León celebró, igualmente, que se ordenará practicar los exámenes de forma gratuita, al señalar que su "alto costo" representaba una "limitante" para muchas afectadas.

Nakary Fleming, del grupo coordinador de la organización Afectadas prótesis PIP Venezuela, declaró a Efe que se trata de la "reivindicación de un derecho" que tienen todas las afectadas que fueron "timadas en su buena fe por una empresa extranjera".

Señaló que sigue en "la lucha" en busca de una solución, pues, a su entender, quedan pendientes "muchos pasos".

Fleming indicó que 33.000 mujeres en Venezuela se colocaron los implantes de PIP.

El diputado Rodolfo Rodríguez, quien ha promovido la causa de las afectadas ante la Asamblea Nacional, donde se creó una subcomisión especial de salud para prótesis y biopolímeros, aseguró a Efe que "más de 800" mujeres sufren "estado crítico de salud" a raíz de filtraciones y otras complicaciones con las prótesis.

Alrededor de 2.000 venezolanas presentaron en enero pasado una demanda contra los comercializadores de los implantes franceses PIP (Poly Implants Prothéses) en el país para exigirles el pago de las operaciones de extracción y reconstrucción de las mamoplastias por los "daños en la salud y la vida" de las afectadas.

Una juez venezolana desestimó en febrero la acción judicial, pero esa decisión fue anulada por el Juzgado Superior Décimo de Caracas.

La acción de las mujeres fue acogida posteriormente por la Sala Constitucional y sirvió, además, como base para la demanda de la Defensoría, explicó a Efe el abogado Gilberto Antonio Andrea, promotor de la acción de amparo constitucional presentada el 6 de enero de este año.