El fiscal general de EE.UU., Eric Holder, bajo ataque de líderes republicanos, insistió hoy ante el Congreso en que no hay indicios de que el Departamento de Justicia hubiera dado autorización a la operación encubierta "Rápido y Furioso", que permitió el trasiego ilegal de armas a México en 2009.

Durante una audiencia de casi cuatro horas, Holder respondió a acusaciones de líderes republicanos de que, contrario a lo que ha dicho en más de un año de investigaciones, funcionarios de alto rango del Departamento de Justicia sí tuvieron conocimiento de la fallida operación, que permitió el trasiego ilegal de más de 2.000 armas a México en 2009.

El legislador republicano por California, Darrell Issa, alzó en el aire un paquete de documentos secretos que presuntamente obtuvo de empleados de la agencia y que demuestran, a su juicio, que el Departamento de Justicia sí estaba al tanto de las fallidas tácticas usadas en la operación "Rápido y Furioso", en la que armas compradas en Arizona fueron a parar a manos de narcotraficantes en México.

Los documentos, solicitudes para realizar vigilancia electrónica, "indican que varios individuos clave en su Administración fueron, de hecho, responsables de la información incluida acá que claramente muestra que se sabía de las tácticas usadas en Rápido y Furioso", dijo Issa.

"Los he leído y no estoy de acuerdo con la conclusión que usted ha alcanzado", replicó Holder, quien siempre ha sostenido que se enteró de la operación hasta en febrero de 2011.

En su séptima audiencia en el Congreso por la operación "Rápido y Furioso", Holder aseguró que no hay nada en los documentos que comprueben que funcionarios de alto rango hayan consentido las tácticas.

"Tras revisarlos, no hay nada en (esos documentos) que indican que se permitió el traspaso de armas" o que hubiese conocimiento de las tácticas empleadas, subrayó Holder.

Haciéndose eco de otros líderes republicanos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Issa criticó a Holder porque éste aún no ha entregado al comité una serie de documentos que ha exigido como parte de sus investigaciones.

"No hemos recibido nada de su departamento, ni una sola tira de papel", afirmó Issa, quien reiteró su exigencia de que Holder entregue los documentos solicitados.

Por su parte, el presidente del Comité, Lamar Smith, dijo que esa información adicional es necesaria para que el Congreso y la opinión pública estadounidense puedan entender quién fue el responsable de tomar decisiones sobre la operación, que contribuyó a la muerte del agente federal Brian Terry, en 2010.

Dentro de la operación, que estuvo a cargo de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, en inglés), las autoridades le perdieron el rastro a unas 2.000 armas, muchas de las cuales han aparecido en más de un centenar de escenas de crímenes en México.

Dos fueron halladas en la escena del asesinato del agente Terry en diciembre de 2010.

Holder acudirá la próxima semana a otra audiencia sobre las operaciones del Departamento de Justicia ante el Comité Judicial del Senado, y se prevé que el asunto vuelva a surgir en esa vista.