La Fiscalía española ha abierto diligencias para investigar si pudo cometerse algún delito durante el proceso de constitución de Bankia, el cuarto grupo bancario del país creado tras la fusión de varias cajas de ahorro y cuya matriz fue recientemente nacionalizada.

Así lo reveló, en una entrevista con Efe, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quien dijo que la Fiscalía ha requerido diversa documentación, tanto a esta entidad como al Banco de España, que espera que le sea remitida "con la mayor presteza posible".

Dijo que las diligencias, que se abrieron el pasado 28 de mayo, se ordenaron ante "la concreción de determinadas situaciones en el proceso de constitución de Bankia que aparentemente pudieran dar lugar a algún indicio que permitiera investigar los hechos delictivos".

El fiscal general reconoce que "existe una demanda social para que las actividades (de las entidades bancarias) sean investigadas", pero añade que "aunque no hubiera una demanda social", el asunto "merece dicha investigación".

La investigación de la Fiscalía es anterior a la presentación de demandas por parte de particulares centradas en las actividades societarias de Bankia.

Torres-Dulce consideró "prematuro" concretar los posibles delitos que se investigan porque "la situación propia de las entidades y la situación financiera y económica del país" aconseja ser "realmente prudentes".

Pero fuentes del Ministerio Público dijeron a Efe que el decreto de apertura de diligencias contempla, entre los posibles delitos, falsedad documental, administración desleal o delito societario, estafa y apropiación indebida.

Torres-Dulce señaló que el examen de la documentación que realicen los peritos determinará "si los hechos son constitutivos de delito y en ese caso seguir adelante, en cuyo caso pasaríamos a pruebas testificales o, en su caso, si procediera, de imputación: citar como imputada a alguna persona".

El proceso de constitución de Bankia se remonta a principio de 2011, cuando se produjo la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco entidades -Caja Insular de Canarias, Caja Laietana, Caja Ávila, Caja Segovia y Caja Rioja-, dando lugar al grupo presidido entonces por Rodrigo Rato, que finalmente pidió ser nacionalizado el pasado 9 de mayo.

Hasta el momento, un juzgado de Instrucción de Madrid tramita una querella presentada por el colectivo Manos Limpias contra Rato y contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ante "la posible existencia de una infracción penal" en su gestión y ha pedido a la Fiscalía que le informe de si debe o no admitirla a trámite.

Además, grupos de pequeños accionistas preparan acciones legales contra los gestores de la entidad, mientras que el movimiento del 15M, los "indignados", anunció hoy mismo que ya ha recaudado el dinero necesario para presentar una querella contra Rato, que se interpondrá el próximo día 14.

La nueva dirección de Bankia pidió el pasado mes de mayo al Estado español una inyección de 19.000 millones de euros adicionales a los más de 4.000 millones ya inyectados, para sanear y recapitalizar la entidad.