Congresistas cubanoamericanos se reunieron hoy con ejecutivos de la cadena sueca IKEA para pedirles que investiguen si la compañía empleó a prisioneros políticos cubanos como mano de obra en la década de 1980.

Los representantes republicanos Ileana Ros-Lehtinen (Florida), Mario Díaz-Balart (Florida) y David Rivera (Florida); y los senadores demócrata Robert Menéndez (Nuevo Jersey) y republicano Marco Rubio (Florida) encabezaron la reunión.

El diario alemán "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) publicó en mayo un artículo en el que reveló que la cadena sueca de muebles para el hogar utilizó a finales de los 80 a presos de Alemania del Este y también de Cuba para la producción de sus productos.

"Las alegaciones de que IKEA trabajó con el régimen de Castro en los 80 para usar trabajadores forzados en Cuba son extremadamente serias", dijo Ros-Lehtinen en un comunicado, en el que aseguró que pidieron a los ejecutivos llegar "hasta el fondo" del asunto.

Los congresistas han enviado una carta a los directivos de IKEA para solicitar una investigación que esclarezca los hechos.

Según Ros-Lehtinen, los empresarios aseguraron que se han tomado esas acusaciones "muy en serio" y han abierto una investigación para determinar si IKEA o sus proveedores estuvieron envueltos en una trama para usar a prisioneros políticos cubanos en su cadena de producción.

Según el diario alemán, el acuerdo fue suscrito en septiembre de ese 1987, dos años antes de la caída del Muro de Berlín, tras una visita a Cuba de una delegación del Comercio de Artes y Antigüedades (KuA) y Delta Export Import, empresas de la extinta República Democrática Alemana (RDA).

Según las informaciones del diario alemán, la delegación, integrada por cinco personas, contactó con un representante de la firma cubana "Emiat", el teniente Enrique Sánchez, que producía muebles de jardín para la cúpula política cubana y estaba vinculada con centros penitenciarios del Ministerio del Interior.