Defensores y familiares del estadounidense Jacob Ostreicher, preso en Bolivia sin cargos desde hace un año, acusaron hoy al Gobierno de Evo Morales de "secuestro de Estado" y condenaron la pasividad de EE.UU. ante el caso.

La esposa y una de los cinco hijos de Ostreicher, que inició el pasado abril una huelga de hambre para protestar por su encarcelamiento en la prisión de Palmasola (Santa Cruz), denunciaron su situación en una audiencia ante el subcomité de derechos humanos del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja de EE.UU.

"Esto es un caso de secuestro de Estado para lograr una recompensa", dijo en la audiencia Steve Moore, un exagente especial de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) que trabaja ahora para ayudar a resolver casos de estadounidenses "injustamente detenidos" en el extranjero.

Según Moore, "el éxito capitalista de Ostreicher al cultivar más arroz en unas instalaciones privadas en la región de Santa Cruz que lo que el Gobierno boliviano podía gestionar en todo el país estaba a punto de dejar en ridículo al Gobierno de Morales, y había que eliminar esa amenaza".

Ostreicher, que llegó a Bolivia en 2008, invirtió 26 millones de dólares en la producción de arroz, lo que le llevó a producir casi 23 millones de kilogramos de cereal, explicó en la audiencia su esposa, Miriam Ungar.

En 2011, la Fiscalía del país andino le abrió una investigación "por presunta legitimación de ganancias ilícitas", porque dos brasileños a quienes compró inmuebles la administradora boliviana de Ostreicher, Viviana Rodríguez, estaban supuestamente vinculados con el narcotráfico.

Uno de los brasileños se fugó y el otro fue deportado por portar documentación falsa, mientras que Ostreicher y su administradora están presos desde entonces, sin que hasta ahora haya una acusación oficial en su contra, algo muy frecuente en Bolivia, donde el 70 % de los encarcelados no tienen condena.

"Lo que hicieron fue jugar a seis grados de separación con él. Resultó que alguien a quien casualmente conocía, conocía casualmente por su parte a alguien que traficó con drogas", aseguró Moore.

Las audiencias programadas para el caso en el último año se han anulado y pospuesto constantemente, según el exagente, por la única razón de que "no hay ninguna prueba. No hay ni siquiera pruebas de que hubo crimen, y menos aún de su relación con un ciudadano estadounidense", aseguró.

Moore, que conversó el martes por teléfono con Ostreicher, aseguró que el preso ha oído en la prisión que el terreno en el que él producía arroz ha sido nacionalizado y reconvertido en cultivo de coca, "una materia mucho más lucrativa".

El agente criticó además la gestión del caso en el Departamento de Estado de EE.UU., que "tiene herramientas para lidiar con esto", pero en lugar de utilizarlas está "casi guiñando un ojo al Gobierno de Bolivia, diciendo: 'vamos a fingir oponernos a esto, pero después vamos a bailar en sus festivales'".

La esposa de Ostreicher denunció además que la embajada de Estados Unidos en La Paz nunca ha concertado una reunión con el motivo explícito de hablar del caso de su marido.

El congresista republicano Christopher Smith, que preside el subcomité, aseguró que le encargó a la secretaria de Estado para Latinoamérica, Roberta Jacobson, que hablara sobre el asunto durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se cerró el martes en Cochabamba (Bolivia), "pero no lo hizo".

"¿Cómo, en un país donde ocurren tales abusos de los derechos humanos, el Departamento de Estado considera que su papel es el de 'observar' qué pasa?", se preguntó Smith.

Un portavoz del Departamento de Estado, William Ostick, aseguró en un comunicado enviado a Efe que Jacobson sí planteó el caso de Ostreicher en sus "encuentros bilaterales" en Cochabamba, y recordó que determinar la inocencia o culpabilidad del preso "corresponde a la jurisdicción del sistema judicial boliviano".

"Pero urgimos al Gobierno de Bolivia a hacer todos los esfuerzos para asegurar un juicio justo, transparente y temprano para el señor Ostreicher, y que, mientras esté detenido, sus condiciones sean apropiadas y consistentes con las normas", dijo Ostick.

La esposa de Ostreicher, que aseguró que no puede volver a Bolivia porque la fiscalía ha presentado cargos de "obstrucción de la justicia" contra ella por "haber concedido una entrevista a la CNN", describió su "agonía" ante el deteriorado estado de salud de su marido.

"¿Quiere nuestro Gobierno que un ciudadano estadounidense inocente salga caminando de esta prisión, o prefieren arrastrar su cuerpo fuera de ella?", planteó Ungar.

"Ruego a este Gobierno que interceda por mi padre", dijo por su parte Chaya Gitty Weinberger, hija de Ostreicher, quien tiene programada una nueva audiencia para el próximo 11 de junio.