Al día siguiente del asesinato de su hijo, Luis Arvelo halló cierto consuelo al enterarse de que un hojalatero había sido arrestado. Pero el sentimiento se esfumó en cuestión de horas cuando supo que el hombre había sido liberado con fianza de 33.000 dólares.

Puerto Rico es actualmente el único lugar en el Hemisferio Occidental donde todos los detenidos tienen derecho a quedar libres bajo fianza, incluso los acusados de delitos violentos como violación y asesinato. Sin embargo, próximamente se realizará un referéndum en que los puertorriqueños podrán decidir darle a los jueces la autoridad de negar el derecho a la libertad temporal en ciertos casos.

La consulta popular ha desatado un debate en la isla sobre los derechos de los detenidos, y los de las víctimas y sus familiares. "Es un dolor ver a esa persona y saber que mi hijo está 7 pies bajo tierra y él está en la calle", dijo Arvelo.

El derecho a fianza desde hace tiempo ha sido ley en este territorio estadounidense como legado de la desconfianza de los isleños hacia las autoridades federales, y los puertorriqueños defienden el derecho a la libertad, especialmente para aquellos que han sido marginzalizados.

En otras partes de Latinoamérica y el Caribe, es común que los presos estén largo tiempo en las cárceles sin siquiera ser instruidos de cargos. En Estados Unidos, entre tanto, los jueces tienen el derecho de negar la libertad condicional si alguien es acusado de un crimen violento o si las autoridades determinan que el individuo es un peligro para la comunidad o que existe la posibilidad de fuga.

En Puerto Rico, los legisladores consideran el referéndum como una herramienta para combatir la delincuencia y la percepción de que la criminalidad ha desbordado los controles. La policía incluso reportó una cifra récord de asesinatos el año pasado. El gobernador Luis Fortuño, cuyo partido favorece la estadidad, desea también alinearse con la posición de las autoridades estadounidenses en este año electoral, en que además se celebrará otro referéndum, no vinculado, para decidir el futuro político de la isla.

Debido a que Puerto Rico es territorio estadounidense, sus jueces federales tienen el derecho a negar la libertad bajo fianza, y lo han hecho para 264 sospechosos, de un total de 280 arrestados por delitos violentos, dijo Fortuño. "Ya es hora de que los jueces en los tribunales de Puerto Rico tengan la misma discreción", expresó.

El líder del principal partido opositor también apoya al referéndum, que es una de muchas medidas para combatir la delincuencia, inclusive un plan para crear tribunales que se encargarán exclusivamente de casos de homicidios y que autorizarán la revocación permanente de la libertad condicional para toda persona acusada de matar a policías, guardias u otros funcionarios judiciales.

Si el referéndum del 19 de agosto resulta exitoso, la medida permitirá a los jueces negar la fianza para ciertos tipos de asesinatos: los premeditados, los cometidos durante la invasión de una vivienda, los cometidos durante un ataque sexual o secuestro, los cometidos desde un vehículo en marcha, o los que van contra algún funcionario público.

Sin embargo en 1994 los puertorriqueños rechazaron una medida similar en un referéndum, que terminó con 46% a favor y 54% en contra. Los legisladores opinan que esa primera consulta fracasó porque otorgaba demasiados poderes y permitía a los jueces negar fianzas en cualquier caso, sin importar el delito.

Durante esta última iniciativa se creó una comisión para derrotar la medida con la ayuda de varios grupos e instituciones prominentes, incluyendo el Colegio de Abogados de Puerto Rico, una universidad privada y el Consejo de Iglesias. "Aquí se está masacrando la constitución de Puerto Rico", declaró la ex senadora Victoria Muñoz Mendoza.

Pero los activistas en defensa de los derechos de las víctimas en su mayoría apoyan al referéndum, afirmando que las víctimas y sus familiares suelen temer la presentación de cargos o el declarar contra alguien al quien se pueden encontrar cara a cara en la isla.

Actualmente, la constitución de Puerto Rico prohibe a los jueces negar la fianza o colocarle un precio demasiado alto, lo que queda bajo interpretación de cada tribunal. Los abogados defensores incluso pueden exigir que otro juez dé su opinión si no están satisfechos con la medida ofrecida inicialmente. "Te puedo decir de un caso donde pusieron un millón de dólares de fianza y otro lo bajó a 50,000 y lo prestó", dijo el secretario de justicia Guillermo Somoza.

Durante el año fiscal 2010, hubo más de 3.700 solicitudes para reducir la fianza y la mayoría fueron concedidas, dijo Somoza, añadiendo que ningún departamento lleva estadísticas sobre cuál ha sido la fianza más cuantiosa.

Félix Arvelo iba en el automóvil de un amigo en mayo del 2010 cuando disparó dentro del vehículo y la bala hizo impacto en la nuca del joven de 16 años, matándolo. La mañana siguiente, la policía detuvo a Juan Rosa Pérez, el hojalatero que según la policía tuvo problemas con la víctima.

Rosa estuvo libre por un año y diez días antes del inicio del juicio, dijo el padre, quien confesó que a veces se quedaba en casa días enteros para eliminar la posibilidad de encontrase. "No era por miedo", dijo Arvelo padre. "Una vez me puse a pelear con él".

Rosa eventualmente fue hallado culpable y sentenciado a 129 años de cárcel.

Arvelo se confesó asombrado por la gente que tiene familiares o amigos asesinados y que no están a favor del referéndum. "¿Cómo es posible que esas personas que pasaron por esta situación no estén a favor?".

Myra Rivera Torres, cuya hija fue ultimada por una bala perdida en 1997 cuando estaba en un club en el barrio histórico del Viejo San Juan, está entre los opositores al plan. Nadie fue arrestado por el asesinato de su hija.

"No queremos quitarle los derechos a nadie", declaró Rivera, fundadora de un grupo sin fines de lucro que busca igualdad y justicia social y los derechos de las víctimas. "Una persona es presumida inocente hasta que se encuentre culpable. Uno tiene que pensar en estas cosas objetivamente, no visceralmente."

Rivera dijo que su organización lo que busca es un sistema judicial más eficiente que proteja mejor a testigos, de los cuales varios han muerto en años recientes.

Pero Luis Guillermo Romero, cuyo hijo de 19 años fue asesinado a puñaladas en abril, es partidario del referéndum.

"El derecho más importante que existe es el derecho a la vida", dijo Romero, añadiendo que él comprende las inquietudes de otros. "La gente tiene una suspicacia sobre el gobierno. Por lo tanto, tiene una reacción visceral de dudar las cosas que vienen de los políticos".