La OEA concluye el martes su asamblea general en medio de una crisis interna y fuertes críticas desde los países del ALBA que provocaron el retiro anticipado de la representante de Estados Unidos tras la dura arremetida del único mandatario invitado, el ecuatoriano Rafael Correa.

La cita se desarrolló con la presencia de 16 cancilleres y representantes de 34 países, las ausencias más notorias fueron de la secretaria estadounidense Hillary Clinton y del canciller de Brasil, Antonio Patriota.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos fueron blanco de duras críticas del presidente anfitrión Evo Morales, de Correa y de representantes de Venezuela y Nicaragua, socios de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), quienes acusaron a la OEA y a esos dos órganos de actuar como instrumentos de Washington para torpedear a gobiernos izquierdistas de la región.

La encargada de la diplomacia estadounidense para América Latina Roberta Jacobson no alcanzó a pronunciar su discurso, que fue leído por la embajadora estadounidense Carmen Lomellin, quien anticipó que la declaración de la OEA optará por "continuar la conversación sobre el fortalecimiento de la Carta Democratica Interamericana" hasta alcanzar un documento que "garantice la autonomía e independencia de la CIDH".

La representante estadounidense cuestionó que los esfuerzos se hayan concentrado más en debilitar el sistema interamericano que en fortalecerlo. Jacobson dijo a The Associated Press que el ALBA trata de "imponer" su línea haciendo ver que hay una división al interior de la OEA.

El bloque ha cuestionado a Washington por supuestamente influir en la CIDH y la Corte sin haber suscrito la Carta Interamericana de Derechos Humanos y olvidando su propio historial de violaciones a los derechos humanos en Cuba y en otras regiones del mundo. El canciller de Venezuela Nicolás Maduro emplazó a Estados Unidos a suscribir la convención para influir con moral sobre su funcionamiento.

También Perú, a través de su canciller Rafael Roncagliolo, cuestionó a la CIDH después de que ésta aceptara una demanda por un caso de terrorismo. Calificó de "inaceptable creer que la época de la dictadura es igual a la época de la democracia".

La polémica tiene que ver con la posibilidad de que la OEA apruebe un informe de su secretario que otorgaría a la Asamblea General poderes para definir lo que la CIDH y sus relatorías pueden hacer o no con la posibilidad de que sus informes sean discutidos con los gobiernos, lo que a juicio de organizaciones civiles es un peligro que debilitaría a ese organismo y arriesgaría su independencia y autonomía.

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, respondió que la Comisión debe actuar menos como "tribunal" y buscar más "soluciones amistosas con los Estados" pero dijo que las enmiendas buscan fortalecer al órgano y descartó que se vayan a aprobarlas en Cochabamba.

Organizaciones civiles sostienen que los críticos más visibles son los países del ALBA pero que otras naciones también tienen serios cuestionamientos a la CIDH. Entre ellas citaron a Brasil, desde que el año pasado la Comisión aceptó una demanda de indígenas amazónicos en contra de la construcción de una represa.

Lo más probable es que el proyecto pase a Consejo Permamente y regrese al grupo de trabajo para seguir el debate interno. El peor escenario para las organizaciones civiles que respaldan a la CIDH sería que se reforme el estatuto del órgano, porque entonces muchos gobiernos querrán incluir enmiendas en muchos temas.

Las fuertes discrepancias con la OEA han sido uno de los motivos que han impulsado, al influjo de Venezuela, la reciente creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) sin la participación de Estados Unidos y Canadá.